Los estudios científicos de la política nos demuestran que los partidos son organizaciones orientadas a alcanzar el poder. No lo quieren alcanzar para implementar políticas, sino que implementan políticas para alcanzarlo. Es así, a pesar de que analistas ingenuos afirmen que los partidos buscan el bien común o cosas semejantes. En cuanto a los políticos, lo son para satisfacer legítimas ambiciones personales que no podrían alcanzar fuera de la política. Lo de la vocación de servicio público es un chiste mal contado. Pues bien, en aras de ese objetivo de alcanzar y retener el poder, los partidos no siempre utilizan métodos confesables. Al Estado se le defiende también en las alcantarillas, decía Felipe González. Y lo decía un político que inauguró la práctica española de que ganar las elecciones y alcanzar el Gobierno significa apoderarse del Estado; una práctica seguida después por sus sucesores. De modo que defender al Estado significaba para González -y ha significado para sus sucesores- defender a su partido y a sí mismo.
Por todo lo anterior, no nos alarma el contenido de las conversaciones grabadas en el despacho del ministro del Interior en funciones. Con permiso de los ingenuos, todos los ministros de todos los Gobiernos habrán protagonizado conversaciones similares. Y así lo entendieron los votantes populares en las pasadas elecciones. Lo alarmante en grado sumo son las grabaciones en sí mismas. Porque quien puede grabar en el despacho del responsable de la seguridad del Estado controla a ese responsable y a esa seguridad; y es el depositario del auténtico poder político. Y descartado el propio ministro y su interlocutor, todo apunta al interior del Ministerio, todo apunta al interior del Interior.
Es muy alarmante la sensación -y la fundada sospecha- de una policía incontrolada que controla a sus teóricos controladores. Una policía que, desde la detención de Rodrigo Rato a la del anterior alcalde de Granada, utiliza procedimientos desproporcionados y avisa a los medios, que la están esperando a su llegada. Unos procedimientos desproporcionados no ordenados ni por los jueces ni por el Ministerio Público, que, además, los han cuestionado.
El ministro ha manifestado patéticamente que se están realizando barridos en su despacho para averiguar el origen de las grabaciones. Es preciso indicarle que los barridos habría que hacerlos fuera de su despacho. Y, a lo peor, depararían muchas sorpresas.
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