La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer de que un retraso en la formación de Gobierno que impidiera elaborar los Presupuestos de 2017 en tiempo y forma y derivara en una prórroga de los de 2016 implicaría una congelación de los sueldos públicos y de las pensiones, que requeriría a posteriori un decreto para actualizarlos. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó, que siempre que Mariano Rajoy pueda gobernar desde agosto, el calendario para “recuperar la normalidad de un Gobierno a pleno rendimiento” pasaría por que Bruselas determine la nueva senda de consolidación fiscal de 2016 y 2017, algo que podría producirse en la reunión del colegio de comisarios europeos del próximo 27 de julio. Dicha senda habría de pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) y por el Consejo de Ministros, para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados y Senado. Con este marco de consolidación, el Gobierno debe aprobar el techo de gasto de las administraciones, algo que podría producirse entre julio y agosto, y antes del 1 de octubre, a ser posible en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el siguiente año.
Sin embargo, si no fuese posible cumplir este calendario, como ya ocurrió en 2011 cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero adelantó elecciones, se prorrogarían automáticamente los Presupuestos de 2016. En este punto, Sáenz de Santamaría advirtió de que “no todo se prorroga automáticamente”, sino que partidas como la de las pensiones y los salarios públicos quedarían congeladas.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones recordó también que la actualización de la senda de consolidación de acuerdo con Bruselas “llevará aparejada el establecimiento de un conjunto de actuaciones” y que en plena parálisis política está pendiente la trasposición de 19 directivas europeas con rango de ley que, de no aprobarse, podrían implicar una multa. De ahí que, según concluyó, haga falta un “acuerdo de mínimos para al menos cumplir con los compromisos con la UE y no causar perjuicios a los ciudadanos”.
En este sentido, la vicepresidenta aseguró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está manteniendo “intensos” y “constantes” contactos de manera “discreta” para la formación de un nuevo Ejecutivo. Explicó que se ha dirigido a los partidos “constitucionalistas” y que quiere lograr unos mínimos, como aprobar el Presupuesto, para subir pensiones y el salario de funcionarios, o mantener la senda de consolidación fiscal que marca Bruselas.
Aseguró que el jefe del Ejecutivo en funciones está “muy activo”, llevando a cabo “contactos con mucha gente”, con el fin de lograr los “mejores frutos”, que consisten en alcanzar un acuerdo para que haya un “Gobierno que pueda gobernar”. Además, precisó que Mariano Rajoy está haciendo “especial hincapié” en esos contactos en la necesidad de cumplir la senda de consolidación fiscal europea.
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