El Parlamento de Cataluña ha dado otro paso en su empeño de vulneración sistemática de la Constitución y las leyes en pos de la independencia, y ha aprobado el llamado “proceso constituyente”. Una vez más, el Gobierno central ha elevado el asunto al Tribunal Constitucional y, una vez más también, el Parlamento ignorará sus autos y sentencias. Es una situación que se produce en un contexto de negociaciones que posibilitaron la elección de Ana Pastor (hoy el ordenador no me cambió el apellido) como presidenta y del resto de la Mesa del Congreso de los Diputados, pero con la negativa de un Grupo Parlamentario a los antiguos convergentes.
Según escribíamos el jueves pasado, el independentismo catalán es legítimo; lo ilegítimo es defenderlo al margen de la Constitución y las leyes. Y, dejando también al margen tales violaciones, con el independentismo catalán se puede negociar una multitud de temas de la mayor trascendencia, desde la economía, la fiscalidad y la financiación de las políticas sociales, hasta la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, tan necesaria en todos los casos. Los populares no son sospechosos al respecto, y eso los convierte en interlocutores con licencia para moverse en los páramos de la disidencia constitucional a salvo de contaminaciones. La vicepresidenta del Gobierno ha declarado que el Ejecutivo no dejará pasar ni una, aunque eso es una verdad a medias. Alguna sí ha dejado pasar, como las fórmulas utilizadas en las tomas de posesión catalanas, en primer lugar por el propio presidente de la Generalitat, fórmulas de las que ya nadie se acuerda. No obstante, en un próximo futuro, cualquier Gobierno español se va a encontrar con un problema de mayor gravedad. En una encuesta realizada días pasados por el Centro de Estudios de Opinión entre ciudadanos catalanes, por primera vez los partidarios de la independencia son mayoría. Hasta ahora hemos confiado en que si llegara a celebrarse el referéndum o la consulta que reclaman los independentistas, fuera de cualquier posible encaje constitucional, el resultado sería contrario a sus intereses. Pero si la educación y la información siguen en sus manos, la relación de fuerzas se irá alterando irreversiblemente cada vez más. Y los referendos de Quebec y Escocia, que, desde Constituciones muy disímiles a la española, rechazaron la independencia, dejarán de ser un ejemplo de lo que nos espera.
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