El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos hizo pública hace unos días una sentencia que condena al BBVA a devolver 34.423 euros a un chófer de guagua de la empresa de transporte público insular Titsa que en 2008 suscribió junto a su esposa -ya fallecida- un producto conocido como Multicupón creyendo que se trataba de una inversión a plazo fijo.
El producto fue ofrecido por el banco al hijo de los contratantes (ellos ya eran mayores y su hijo se encargaba de las gestiones), quien le propuso por iniciativa propia cambiar el dinero que tenían en un plazo fijo a este nuevo producto, que en ese momento era objeto de publicidad, explica un comunicado del bufete tinerfeño Sirvent&Granados cuyo principal especialista, Carlos Gómez, defendió los intereses de la familia durante el proceso que nos ocupa.
Como se repite en este tipo de asuntos, en ningún momento se llevó a cabo test alguno de idoneidad ni se estudió el perfil inversor de los clientes. Sirva como detalle harto significativo que, durante el interrogatorio realizado por Gómez en sala, el empleado del banco es incapaz de explicar algunos términos del contrato o hablar de la evolución de las acciones a las que iba asociado el producto.
Por su parte, el hijo de los demandantes ratifica que su padre era conductor de guaguas y su madre ama de casa, careciendo ambos de estudios. Entendieron que el contrato que suscribían era un depósito de dinero a plazo fijo durante siete años, que no implicaba riego alguno y manifiesta que la cantidad perdida son los ahorros de su padre de toda la vida.
El incumplimiento por parte de la entidad de la normativa en materia de facilitación de información precontractual llevan a la declaración de nulidad del contrato en cuestión.
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