El consejero de Política Territorial del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, rechaza las declaraciones realizadas a DIARIO DE AVISOS por la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, en las que afirmaba que a la Institución insular “no le importan Güímar ni restaurar los barrancos”, al ser la “única” que ha presentado un proyecto, y exige a la regidora municipal que “no tome el pelo a los ciudadanos, porque un proyecto para los barrancos no es solo un simple papel”.
Pérez afirma que la alcaldesa “miente” cuando dice que es la única que ha presentado un proyecto para la restauración de los barrancos de Güímar que evite la indemnización a los propietarios de las canteras, “basándose solo en un papel y en los argumentos de un bufete de abogados para defender ese supuesto disparatado proyecto”.
El consejero añade que “teniendo conocimiento de que existen otros informes sobre las posibilidades de mejora con la restauración de los barrancos realizados por distintas administraciones, como ayuntamientos, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, me gustaría saber cuánto le ha costado a las arcas municipales el informe de los catalanes, a sabiendas de que el informe, en sus conclusiones, no concluye nada”, manifiesta.
El consejero insular de Política Territorial denuncia que la postura del Partido Popular en este asunto “sigue siendo demencial”, ya que si la proposición de ley para la reordenación de los barrancos de Güímar impulsada por el Cabildo no se aprueba, se podrá continuar con la extracción de áridos en la zona. “Primero hay que restaurar, y hablamos de que ese proceso durará muchos años. La única manera de impedirlo es a través de la iniciativa legislativa que cambia el uso del suelo, porque si en la actualidad alguien pide una licencia a Minas para la extracción, hay que concederla por ley”.
Miguel Ángel Pérez se pregunta “si realmente existe algún inversor privado capaz de invertir en la zona con los problemas de seguridad a las personas, medioambientales, territoriales y sin restaurar que existen en este lugar, y pueda invertir el dinero con el que supuestamente cuenta la alcaldesa de Güímar”.
Además, advierte del riesgo de avenidas en el caso de que se siga con la extracción de áridos, ya que incluso el cauce del barranco “ha quedado destrozado”.
Iniciativa y sentencia
Asimismo, Miguel Ángel Pérez recuerda que hay que diferenciar entre la iniciativa legislativa y la sentencia penal que obliga a los areneros a restaurar el daño ecológico causado. “Se han mezclado las dos cosas cuando se habla de que si los empresarios condenados pueden librarse de la indemnización, y no es así. La iniciativa legislativa surge desde el año 2012, antes de la sentencia, cuando los vecinos solicitaron que se prohibiera la extracción minera”, añade.
Con respecto a las indemnizaciones, defiende que la propia actividad de la regeneración de los barrancos supondría ingresos para afrontar las indemnizaciones a las que tienen derecho 200 propietarios con parcelas en la zona, y posteriormente, cuando se cambie el uso del suelo de rústico de protección minera a rústico de protección ambiental, el Ayuntamiento güimarero pueda modificarlo en virtud de lo que reclamen los ciudadanos.
Luisa Castro, responde
“¡Qué me ha llamado mentirosa!, ¿entonces Francisco Villar, el dictamen de los abogados y el grupo de arquitectos también lo hacen?”, se pregunta Carmen Luisa Castro, quien enfadada por las respuestas desde el Cabildo señala que “ya quisieran muchos políticos decir las mentiras que digo yo, demostrando con trabajo e ilusión que busco soluciones y alternativas para los barrancos”
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