No perdamos la perspectiva

El reparto de los fondos de empleo incluidos en el Fondo de Desarrollo de Canarias, unos 32 millones de euros, es la prueba clara de que un conflicto político puede dejar en un tercer o cuarto plano la solución al desempleo en las Islas. Un Archipiélago que tiene una tasa de paro que supera el 24%.  ¡Vamos! Es lo que se llama interés particular por encima del interés general. Para los que no estén al día: Hay unas perras que vienen de manera inesperada del extinto IGTE de las cuales, 32 millones, se tienen que destinar al fomento y a la creación del empleo. El Servicio Canario de Empleo (SCE) quiere ser el encargado de hacer los planes y distribuir ese dinero entre los cabildos y los ayuntamientos, mientras que los primeros, porque los ayuntamientos están de acuerdo con Patricia Hernández, creen que deben ser las corporaciones insulares las que repartan esos fondos entre los agentes sociales. La sangre no ha llegado al rio, pero desde luego han tenido que ser los propios empresarios y sindicatos los que pongan un poco de cordura en este conflicto y medien para llegar a un entendimiento. Al final, este reparto se hará a través de un convenio. Convenio en el que estarán todos. Lo que no se puede permitir, en ningún caso, es que disputas internas pongan en peligro unos fondos absolutamente necesarios para atajar la mayor enfermedad de Canarias: el paro. Si los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para abordar uno de los principales problemas de las Islas y tienen que intervenir los agentes sociales, no quiero imaginar (bueno si me lo imagino) qué es lo que puede ocurrir con otros asuntos. Además, estamos hablando de un conflicto con un reparto de 320 millones en 10 años, de un programa completo de 1.600 millones en 10 años. Teniendo en cuenta que el presupuesto del Gobierno de Canarias para el próximo año es de unos 7.000 millones, en 10 años será de 70.000; si le sumamos los 1.600 del FDCAN tendremos un presupuesto de 71.600 millones. Visto así… es ridículo (por no decir otra cosa) que un pacto de Gobierno de una región se cuestione por 320 millones en 10 años. No perdamos la perspectiva, por favor.