“El sistema electoral canario tiene el dudoso honor de encabezar el ranking mundial” de los más desproporcionados en cuanto a desigualdad de voto de cada elector, de modo que las circunscripciones (islas) donde vive casi el 83% de la población elige a la mitad de los diputados en el Parlamento autonómico y aquellas donde reside el 13% de los ciudadanos (las islas no capitalinas) eligen a la otra mitad de los parlamentarios autonómicos.
A esa conclusión llegan José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política, y Carlos Fernández Esquer, el investigador predoctoral en el departamento de esta especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
La exponen en un artículo incluido en el libro Textos para la reforma del sistema electoral de Canarias, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y compilado por Gerardo Pérez Sánchez y Vicente Mújica, miembros del foro cívico Demócratas por el Cambio.
Montero y Fernández comparan la regulación electoral de 78 países y 13 comunidades autónomas, y elaboran una clasificación que encabeza “de forma destacada Canarias” en un parámetro denominado malapportionment o prorrateo desviado, que “refleja la divergencia total entre la distribución real de escaños por circunscripciones electorales y la distribución teórica en función de la población”. Pues bien, para los autores de este trabajo, “si la desigualdad de voto del caso canario resulta ya problemática a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también aparece subrayada por su comparación con la existente en países de diferentes regiones del globo: es la más elevada de todos ellos”.
Así, el porcentaje de desviación en Canarias es de 32,80 puntos porcentuales, líder absoluto en este indicador negativo en cuanto a la igualdad del voto. A continuación aparecen Tanzania (26,19%), Baleares (21,88), Corea del Sur (20,75%), Aragón (20,56%), Ecuador (20,40%), País Vasco (19,52%), Kenia ((19,46%) y Ghana (17,82%). España (elecciones al Congreso de los Diputados), con el 9,63%, ocupa el puesto 26.
Los partidos “beneficiados” son Coalición Canaria (con una prima del 12% en su representación), y, a más distancia, PSOE (5,47%), ASG (4,45%) y PP (1,74%). Los tres mayoritarios “suelen ser sistemativamente beneficiados por esta desproporcionalidad”. En cambio Ciudadanos (-5,84%) y Podemos (-2,61%), que tienen su voto diseminado por las islas, fueron duramente castigados por el sistema electoral”.
Montero y Fernández subrayan que este método (exige a un partido el 30% de sufragios en una isla o el 6% regional para optar a tener un diputado) ha supuesto que 173.000 votos (el 19% del total) quedaran “desperdiciados” porque no obtuvieron representación parlamentaria. Tal “sistemática desigualdad se mueve en ratios de 1 a 17”, es decir, mientras en Tenerife hacen falta 60.441 votos para lograr un diputado, en El Hierro bastan 3.537 (los dos casos extremos), en La Gomera 5.300, en La Palma 10.428, en Fuerteventura 15.719, en Lanzarote 17.760 y en Gran Canaria 57.009.
Eso explica, subrayan ambos expertos, “un sorprendente fenómeno, inédito en la historia autónomica: el tercer partido en votos, CC, es el primero en escaños”.
Montero: “La regulación canaria es extravagante; rebasa los límites constitucionalmente admisibles”
El catedrático de Ciencias Políticas y el investigador predoctoral argumentan que el sistema electoral canario es “extravagante” por sus “disigualdades extraordinarias en el valor del voto de ciudadanos que viven en islas diferentes”, hasta el punto de que “rebasa los límites constitucionalmente admisibles”.
Sostienen que, “aunque la jurisprudencia constitucional reconoce la posibilidad” de equilibrar igualdad de voto y representación de cada territorio, “el sistema electoral canario parece desnaturalizar por encima de lo tolerable el principio de igualdad de sufragio”. A juicio de ambos autores, “el tradicional argumento de la triple paridad”, es decir, dar poder legislativo a las islas menores para garantizar su “convergencia económica con las más pobladas, resulta inaceptable en términos jurídicos: se trata de una opción política sin asidero constitucional alguno”, dado que “su utilización como forma de justificar la desproporción en la distribución de escaños entre circunscripciones resulta insuficiente, irrazonable y además”, insisten, “arbitraria por carecer de cualquier apoyo jurídico constitucional”.
A ambos expertos les resulta además “curioso”que el Tribunal Constitucional, pese a haber enjuiciado en dos ocasiones este sistema, “no se haya pronunciado sobre este cuestionable reparto de escaños”.
