La intervención del gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha vuelto a traer las pensiones a la primera línea informativa. Su propuesta es aumentar una vez más la edad de jubilación, que año tras año se va incrementando (en estos momentos está en los 65 años y cinco meses, aunque las jubilaciones anticipadas la rebajan a los 64,1 de media) hasta los 67 años previstos en 2027. Pero Linde quiere dar una vuelta de tuerca más y superar ese tope.
El gobernador lo justifica en el aumento de la esperanza de vida en España, el retraso en el acceso de los jóvenes al empleo, la mejor salud de nuestros mayores y el carácter menos penoso de muchas de las actividades laborales actuales. Todo eso, a su juicio, obliga a tomar medidas como prolongar la vida laboral y desincentivar la jubilación anticipada.
Considera Linde que esta es la mejor manera de salvar la “crisis financiera de las pensiones”. No entra en su reflexión que, tras una vida trabajando, los hombres y mujeres tienen derecho al descanso y al ocio, a disfrutar plenamente con amigos y familia del último tramo de la existencia. Ni tampoco reflexiona sobre el gran problema de la Seguridad Social, la caída de los ingresos, y las razones que producen esta; solo se fija en los gastos.
En distintas ocasiones he insistido en que este asunto, el de la sostenibilidad de las pensiones, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política y social. Frente a las amenazas sobre su desmantelamiento, la respuesta debe basarse en un análisis riguroso y en unas propuestas realistas que garanticen el futuro de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. Como se sabe, hay factores que están influyendo de forma decisiva en los actuales interrogantes sobre la sostenibilidad de las pensiones. Entre ellos, el cada vez mayor diferencial entre la población ocupada y el creciente número de pensionistas, a favor de estos últimos; una circunstancia que continuará al alza, entre otros factores, por la incorporación de la generación del baby boom y el incremento de la esperanza de vida. Como pasa en todos los países de nuestro entorno. Pero el factor determinante es la caída de los ingresos. Especialmente por la precariedad laboral y por los bajos salarios, en los que Canarias ocupa lamentables lugares de privilegio. La crisis económica y las contrarreformas laborales no han hecho sino empeorar la situación. En 2011, Zapatero dejó 70.000 millones de euros en el fondo de reserva de las pensiones. En la etapa de Rajoy, este se ha ido descapitalizando hasta llegar a los 15.915 millones de euros actuales, lo que supone una reducción del 77,2% en cinco años, tras la última retirada, de 9.500 millones de euros, efectuada el pasado mes de diciembre.
Pero se trata de circunstancias que pueden ser modificadas a través de la consolidación de la recuperación económica. Con más y mejor empleo. Con trabajo estable y acabando con los extendidos salarios de miseria. Así, habrá mayores niveles de consumo, de ingresos fiscales y cotizaciones más elevadas que las actuales. En consecuencia, más ingresos en la hucha de las pensiones y, asimismo, menos riesgos para el futuro de estas y su calidad. Ahora sucede lo contrario. En 2014, la Seguridad Social solo recaudó el 1% más pese al aumento de 400.000 afiliados. En 2007, con un crecimiento similar del número de cotizantes, los ingresos crecieron el 8,2%, lo que da una idea de la precariedad laboral y de la devaluación de los salarios y sus terribles consecuencias.
El fin de las pensiones, su restricción, su parcial o total privatización o la bajada sustancial de las mismas son inaceptables. Cualquiera de estas opciones plantea una sociedad menos cohesionada, más injusta, con escasa equidad. Frente a la propaganda neoliberal, hay que decir que, tomando las medidas adecuadas, las pensiones pueden ser sostenibles. En el programa electoral que compartimos con los socialistas, en las pasadas elecciones generales, incluíamos una amplia reflexión sobre la situación de las pensiones, y un conjunto de alternativas políticas, económicas, sociales y jurídico-constitucionales para garantizar y blindar el sistema público de pensiones.
Recogíamos, asimismo, tres objetivos centrales para garantizar su estabilidad financiera. Por un lado, incrementar el número de afiliados y las cotizaciones a la Seguridad Social “como directriz prioritaria de la política económica”. Un buen funcionamiento de la economía y del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Por otro, mejorar la recaudación. Con una mayor y más eficaz batalla contra el fraude laboral y haciéndose cargo el Estado de la financiación de los gastos de las pensiones no contributivas o de las tarifas planas, destinadas a incentivar el empleo, que en un año supusieron 1.200 millones de euros de déficit en la caja de las pensiones. Deberían correr a cargo de los presupuestos, igual que el conjunto de pensiones no contributivas. Además, y sin perjuicio de las actuaciones citadas, hay que aumentar progresivamente la aportación del Estado, a través de impuestos, para afrontar el incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del sistema. Una figura impositiva, finalista, que ya existe en varios países de nuestro entorno sociopolítico como financiación complementaria para garantizar las pensiones.
En la sanidad se produjo, en su momento, un cambio de este tipo al pasar de ser sustentada por cotizaciones -laborales y empresariales- a financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que posibilitó la universalidad y una razonable sostenibilidad financiera del sistema. Asimismo, se precisa una serie de actuaciones para corregir déficits actuales, especialmente la enorme distancia entre las pensiones de hombres y mujeres, en perjuicio de estas últimas, y proceder al aumento de las pensiones más bajas -combatiendo por tanto la pobreza y la desigualdad-, a la mejora de las prestaciones.
Frente a las intentos neoliberales de desmantelar las pensiones públicas, hay que diseñar una alternativa social, solidaria, que garantice un futuro con pensiones dignas. Es la hora del rigor, de la política, del reconocimiento a nuestras personas mayores, y de la defensa de los derechos sociales, de la consolidación del modelo de Estado social.
*portavoz parlamentario y
presidente de Nueva Canarias
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