La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra esta mañana una comparecencia -conocida popularmente como vistilla- para estudiar las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones a raíz de la sentencia dictada a finales del mes pasado por el llamado caso las teresitas. En la misma fueron condenados a siete años de prisión el exalcalde Miguel Zerolo y el exresponsable de Urbanismo capitalino Manuel Parejo. También recibieron penas de prisión los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (cinco años y tres meses de cárcel para cado uno) y los exfuncionario santacruceros Víctor Reyes (cuatro años y tres meses) y José Tomás (cuatro años). En todos los casos sus abogados han anunciado respectivos recursos de casación ante el tribunal supremo.
En la vistilla de hoy viernes, y tras una deliberación previa del tribunal sobre la conveniencia de que fuera pública (algo que rechazaban las partes por la inclusión de datos personales de los implicados), finalmente prensa y público asisten a una comparecencia en la que la fiscalía sorprendió al recordar de nuevo la investigación policial por cohecho que fue sobreseída durante la fase de instrucción. Grosso modo, la fiscal María Farnés considera probado que Zerolo cuenta con un patrimonio oculto lo que, unido a la propia sentencia condenatoria y la gravedad tanto de la pena como de los hechos, acreditan de forma suficiente su petición de prisión provisional sin fianza para el también exsenador. En similares término se refirió a Parejo, mientras que de los empresarios aludió a su particular manejo del entramado de sus respectivas empresas y de la supuesta ‘evaporización’ de cantidades multimillonarias.
Respecto a la acción popular, se expresó en términos similares a los de la fiscalía y, en ambos casos, no se consideró oportuno esa solicitud de prisión provisional sin fianza para Víctor Reyes y José Tomás. Eso sí, los abogados de la asociación Justicia y Dignidad ofrecieron como alternativa fijar una fianza del 10% de las cantidades con la que los acusados deben indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz según la sentencia ya dictada por la audiencia, lo que supone un montante alrededor de unos seis millones de euros.
En cuanto a las defensas, el abogado de Zerolo mostró su absoluto rechazo a lo que considera un hostigamiento por parte de las acusaciones. El letrado rechazó tajantemente la validez de la investigación sobre el cohecho, una circunstancia que calificó como guadiana durante la vista, ya que a su juicio la fiscalía los usa a su conveniencia obviando que fueron sobreseídos ya en la instrucción. Açun así negó que su cliente tenga un patrimonio oculto a la par que entregó un voluminoso dossier sobre la situación financiera del mismo.
Con el mismo énfasis se empleó el abogado de Parejo, al que asombró el razonamiento de la fiscalía por el cual el hecho de que su defendido ya esté en prisión no merma el riesgo de fuga. El letrado lamentó que la fiscal aluda a posibles permisos penitenciarios para el exconcejal de urbanismo en el caso del mamotreto, por cuanto se trata de dos procesos absolutamente diferentes.
En tercer lugar de las defensas intervino el letrado de Plasencia, quien mostró su indignación porque el Ministerio Público entendiera que la ausencia hoy del empresario suponía otro indicio de ese riesgo de fuga. Explicó el abogado que ayer mismo se consultó a este respecto al tribunal dado que Plasencia tiene más de 80 años y prefería ahorrarse el mal trago de acudir, para lo cual los magistrados no pusieron impedimento alguno.
Por último, en cuanto al abogado de González, reiteró los argumentos de sus compañeros y puso el énfasis en el delicado estado de salud de este conocido empresario tinerfeño.
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