Sí Se Puede e Izquierda Unida (IUC) han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de vertidos ilegales de aguas residuales del Polígono de Güímar, en Tenerife, y han pedido al Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias que prioricen la construcción de la estación depuradora.
Los concejales Agustín Espinosa, del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria; Francisco Hernández, IUC, Arafo; y Lourdes Galindo, Sí se puede, Güímar; firmaron la denuncia conjunta en la que ponen en conocimiento de la Fiscalía que “desde hace décadas se están vertiendo aguas residuales sin depurar en el Polígono Industrial del Valle de Güímar”, según señalaron en un comunicado.
Espinosa aseveró que la denuncia incluye también que en el Polígono Industrial de Güímar se carece de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales y que se ha incumplido de forma reiterada el programa de vigilancia y control fijado en su momento por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
“También hemos incidido ante la Fiscalía en que, además del emisario que se está intentando solucionar, existen tres puntos de vertidos ilegales de aguas no depuradas y que no cuentan con autorización”, manifestó el concejal.
El daño al medioambiente y a la salud causado por estos vertidos, según los denunciantes, se cifra en datos preocupantes que son para asustarse y para tomar medidas de forma inmediata.
La mayor preocupación de los concejales es el destino de los 2.000 puestos de trabajo asociados a las empresas ubicadas en el polígono que ahora ven amenazada su actividad si se procede al cierre, señaló Hernández, quien aseguró que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente ni con la salud de las personas usuarias de nuestras costas”.
La demanda implica prácticamente a todas las administraciones implicadas: el Consejo Insular de Aguas, porque, al tratarse de una instalación supramunicipal, es su incumbencia; el Cabildo de Tenerife, entidad promotora y responsable de la gestión y conservación del Polígono; y a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, el ente con mayor responsabilidad a juicio de los denunciantes, porque son los que han permitido que caducaran los permisos de vertidos concedido por el Gobierno de Canarias.
Tampoco los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria han velado por la seguridad de sus habitantes, al permitir el vertido de aguas en sus costas, critican los denunciantes.
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