Transición energética canaria

La supervivencia del planeta exige actuaciones urgentes para evitar una mayor degradación que dificulte gravemente la vida en las próximas décadas y que la haga inviable a medio plazo

La supervivencia del planeta exige actuaciones urgentes para evitar una mayor degradación que dificulte gravemente la vida en las próximas décadas y que la haga inviable a medio plazo. Mucho más ahora en que un irresponsable y populista presidente de Estados Unidos se descuelga de la lucha contra el cambio climático. Entre las acciones fundamentales de las comunidades y de los estados se encuentra el diseñar y poner en marcha un plan de transición energética. Se trata de establecer las bases para pasar del modelo actual -dependiente, contaminante, centralizado y controlado por grandes oligopolios, basado en los combustibles fósiles y en la energía nuclear – a otro democrático, menos costoso, más limpio, eficiente y seguro, centrado en renovables.
Las consecuencias del modelo energético actual no sólo son económicas, por la dependencia del precio de los combustibles fósiles utilizados, sometido a los carteles de los países productores, que supone un alto coste para los estados. También repercute en un elevado y creciente deterioro medioambiental y en la salud de los ciudadanos y ciudadanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que se producen unos siete millones de muertes anuales en el mundo por la contaminación atmosférica. En España se estiman por encima de 15.000 fallecimientos al año por esta causa.

Algunas comunidades, caso de Cataluña, disponen ya de su propio Plan de Transición Energética, basado en cinco grandes objetivos: digitalización de la red de distribución como elemento clave e indispensable para hacer posible la transición, apoyo al autoconsumo y a la generación distribuida, movilidad eléctrica; renovación energética del parque de edificios más vulnerables y eficiencia energética en el sector industrial y de servicios.

Canarias tiene que emprender su propio camino teniendo en cuenta las especificidades de una comunidad con seis sistemas eléctricos (Fuerteventura y Lanzarote están conectadas) y con las enormes potencialidades que tiene el Archipiélago para el desarrollo de las energías eólica y fotovoltaica, entre otras. Sin escuchar los cantos de sirena de quienes, como el actual Gobierno de Canarias, apuestan por la implantación del gas. Otro combustible fósil, que sólo llevaría a frenar y retrasar, en el tiempo, el imprescindible salto hacia el nuevo modelo más centrado, democrático y capaz. Además de contribuir a la diversificación económica, generar riqueza y crear miles de nuevos puestos de trabajo en las Islas.
Canarias carece de una planificación en esta materia. Es imprescindible modificar esta situación. Con un plan que comprometa a todas las instituciones públicas -que deben colocar esas transformaciones de la política energética entre sus prioridades- pero también que dé un papel determinante a las universidades y al conjunto del sistema educativo, a los colectivos ambientalistas, a las empresas y a los sindicatos, así como a la ciudadanía.

Por eso, en nuestro acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno español planteamos cuatro grandes ejes: garantizar 400 millones de euros para los servicios públicos, apoyo al sector primario e industrial (bonificación transporte de mercancías, Posei adicional, ayudas al tomate…), apuesta por la conectividad (75% de descuento en billetes aéreos y marítimos interinsulares) y contribuir a establecer una política energética diferenciada para Canarias, basada en las renovables. Con tres objetivos: acabar con el denominado impuesto al sol, una de las grandes ocurrencias de Soria; ampliar la potencia en renovables en 300 megavatios y excluir las presentes limitaciones a la producción energética vinculada al ciclo del agua.
Respecto al impuesto al sol, obliga al consumidor que genera su propia electricidad a pagar los peajes de transporte y distribución por estar conectado a la red. Sin embargo, y paradójicamente, no recibe compensación alguna por la electricidad sobrante que vierte en la red y que las compañías venden a otros clientes. Hemos logrado que el acuerdo señale que en la ley de los presupuestos se establezca, “de forma permanente, la exención del cargo transitorio por la energía autoconsumida, por los autoconsumidores que se pongan en funcionamiento antes del 2023”. Es interesante señalar que en Alemania la mitad de la energía renovable se produce por autoconsumo, con lo que supone de avance en la soberanía energética.
Además, en el acuerdo se indica que para las instalaciones existentes “se eliminará, en la misma ley, el requisito de que la suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción de un autoconsumidor deba ser igual o inferior a la potencia contratada”. Esto supondrá un enorme beneficio para nuestro sector primario al posibilitar verter a la red la energía producida sobrante en el ciclo del agua (desalación, depuración, bombeo, etcétera, tanto para agua de consumo humano/abasto como para uso agrícola o ganadero).
Por otro lado, fruto del acuerdo de los PGE, el Ejecutivo central se compromete a una próxima subasta diferenciada de energía renovable para Canarias, con un mínimo de 300 megavatios, lo que permite la instalación de nuevos molinos y placas fotovoltaicas y el incremento del peso que tienen las renovables en el conjunto de nuestro sistema, todavía lamentablemente muy escaso.
Planteando formulaciones para simplificar los procesos y facilitar el crecimiento de las renovables. Señalándose, entre otros aspectos, que se establecerán cupos separados por tecnologías (fotovoltaica y eólica) y que se ajustarán los requisitos de los avales requeridos en la subasta a las condiciones del sistema eléctrico de Canarias. Y planteándose en las mismas un suelo y un techo, para evitar ofertas a cero euros que luego nunca se ejecutan.

Se trata de una apuesta decidida para avanzar hacia un nuevo modelo energético con una mayor presencia de las energías renovables, más democrático, más económico, centrado y menos dependiente de las grandes corporaciones eléctricas. Ahora corresponde a la sociedad canaria consolidar esos avances, proseguir en la senda del impulso a las renovables y exigir al Gobierno de Canarias el desarrollo de un auténtico plan nacional de transición energética para nuestra tierra.
*portavoz parlamentario y
presidente de Nueva Canarias

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