El Ayuntamiento pretendía demandarse a sí mismo, entendiendo tal acción en su significado más amplio. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, lo que impidió la Audiencia provincial el pasado lunes es que la Corporación capitalina reclamase daños y perjuicios a su propia Gerencia de Urbanismo en el llamado caso Siliuto, que versa sobre posibles delitos cometidos en la compra de un inmueble en el barrio de El Toscal por parte del Ayuntamiento en operación realizada entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
La insólita pretensión de la representación legal capitalina no superó el trámite de las cuestiones previas ante la frontal oposición del resto de las partes personadas. Fue la Fiscalía, a cuya solicitud se sumó la acción popular ejercida por Izquierda Unida, quien pidió al tribunal conformado por la Sección Sexta de la Audiencia provincial que no permitiera algo que, con el actual ordenamiento jurídica, tiene tan poco sentido como parece ante los ojos del profano.
Solo en lo civil
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (como ya ocurrió en el reciente juicio por el caso Las Teresitas) participa en el proceso por el caso Siliuto en calidad de perjudicado civil, de tal modo que solo puede intervenir en las cuestiones privadas ligadas directamente al caso, no en las penales. Ante el inicio del juicio, todas las partes elevan sus pretensiones al respecto, y el Ayuntamiento pretende que, en el caso de ser indemnizado, respondieran los concejales que en su día votaron a favor de la compra. Y ahora es cuando incluyó a Urbanismo, para que si dichos concejales no pagaban la hipotética indemnización, fuera su propio departamento el que ejerciera como responsable civil subsidiario.
Como era previsible dado que nadie, sea persona física o jurídica, puede actuar procesalmente como perjudicado y como responsable (por indirecto que sea) en la misma causa, la solicitud no fue admitida. Entre otras razones, y no deja de ser un dato importante, porque si se hubiera admitido la autorreclamación municipal que pretendía el Ayuntamiento santacrucero, sería causa más que justificada para anular el juicio iniciado este mismo lunes y que tiene prevista su reanudación para la semana que viene.
Izquierda Unida abona los 2.000 euros y seguirá en el proceso
La formación política anunció ayer que abonará los 2.000 euros de fianza impuestos para poder continuar como acusación particular en la vista oral del juicio del caso Siliuto, que se reanuda el 11 de julio. Ramón Trujillo, coordinador regional de IUC y concejal en Santa Cruz de Tenerife, lamentó a este respecto que ahora sea necesario pagar fianza para “luchar contra la corrupción”.
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