El guateque

La frágil y amenazada democracia española se encuentra siempre en el filo de la navaja, en la frontera de dejar de serlo y sucumbir a sus múltiples y preocupantes debilidades. Por si fuera poco, los populismos antisistema han irrumpido con enorme fuerza en nuestra escena política y han ganado el voto de demasiados millones de españoles, dispuestos a destruir el sistema de la Transición, que tantos esfuerzos y tantas renuncias costó articular. Y, desde luego, si muchos españoles se empeñan, el sistema será destruido, y lo que viene después no es ni positivo ni democrático. Pues bien, una de las debilidades más preocupantes del sistema es la intensa politización de la Justicia, del poder judicial; una politización que hay que reconocer han propiciado las leyes auspiciadas por nuestros partidos. Desde el inicio de la democracia, los partidos significativos buscaron controlar a los jueces y fiscales, y diseñaron un modelo según el cual los cargos judiciales decisorios son nombrados por los partidos, que eligen así a los jueces que después, eventualmente, van a juzgarlos y a juzgar sus acciones. Desde la otra orilla, el sistema se completa con unas asociaciones de jueces y fiscales profundamente ideologizadas y que intervienen en los nombramientos y cumplen un papel de auténticos partidos, mientras muchos jueces y fiscales entran en política y después regresan a sus juzgados y tribunales.

La última -y alarmante- novedad es que también los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad están politizados y hacen política. Una conversación del anterior ministro del Interior en su despacho oficial fue grabada y difundida. Ahora nos enteramos de que varios jueces y fiscales han llamado la atención a la UCO de la Guardia Civil porque en sus informes entra a calificar jurídicamente como presuntos delitos los hechos que denuncia. Muchos de esos informes han sido desestimados y archivados en sede judicial. Y los sindicatos policiales se defienden argumentando que son órdenes de sus superiores o peticiones de los propios jueces y fiscales, que después copian los informes en sus sentencias. Pero la Ley establece con claridad que cumplir órdenes inconstitucionales o ilegales es un delito del que no exime la obediencia debida. El penúltimo ha sido el llamado caso Guateque, en el que todos los acusados han sido absueltos porque las pruebas consistían en conversaciones grabadas ilegalmente por la Guardia Civil, es decir, sin mediar orden judicial alguna.

Ahora que está de moda ser citado a declarar en el Congreso, no estaría de más que el coronel jefe de la UCO le diera algunas explicaciones a nuestros diputados. Sobre todo a los de izquierdas, que, después de legitimar la agresión a dos guardias civiles en Alsasua, desde que esos informes ilegales de la Guardia Civil involucran a políticos del Partido Popular se han convertido en los grandes defensores del cuerpo. Y suponemos que también del guateque