La ley de la impunidad

La llamada Ley de Ruptura de los independentistas catalanes sólo tiene un fin: la impunidad y la amnistía para los condenados en Cataluña, o por desobediencia a los tribunales o por mamarse las perras. Es decir, se trata de una ley para proteger y dotar de inmunidad a los ladrones. En otras palabras, una ley para convertir a Cataluña en la cueva de Alí Babá. Por eso el Estado español, al que pertenece Cataluña, y su Gobierno legítimo, que preside Rajoy, deben actuar con la contundencia y la dureza precisas -aunque ellos las llamen proporcionalidad- para acabar de una vez con esta mascarada, que va a sumir a este territorio español en un auténtico caos económico, político y, sobre todo, moral. No es la primera vez que lo intentan. Hubo un baño de sangre -impensable ahora- en tiempos de la II República. Los gobernantes republicanos contestaron contundentemente las pretensiones catalanas de Companys y compañía. En Cataluña no mandan los mindundis que sacan las estrelladas. En Cataluña mandan unas pocas familias de la burguesía política y económica que se arriesgan a quedarse sin mercados con tal de salvar el pellejo y que el pellejo no les lleve a las mazmorras de una prisión. El golferío de la familia Pujol es un ejemplo, pero si el Estado tira de la manta pondrá al descubierto unos culos muy feos. No digo nada de la actitud de Podemos, porque Podemos nació con subvenciones espurias y sus miembros se alimentan de la agitación. Lo desprecian todo: tribunales, autoridad del Gobierno, valor moral y legitimidad de la monarquía, todo. Son, en sí, una pandilla de desalmados sin patria ni religión. Ya veremos cómo acaban, que de eso no toca hablar ahora. La Ley de Ruptura no es otra cosa que una Ley de Impunidad, una amnistía explícita. La misma amnistía que ellos mismos y sus compinches rechazan cuando la aplica el Estado.