Creo que a los ciudadanos canarios nos da igual que un antiguo alcalde de la capital tinerfeña, un antiguo concejal y unos empresarios entren o salgan de la cárcel por el turbio asunto de Las Teresitas. Y que, en general, a los ciudadanos españoles nos da igual que hagan lo propio los condenados o los presos preventivos en las numerosas causas de corrupción que se substancian en este país. Y nos da igual porque eso no arregla nada; porque esa entrada en la cárcel no restablece la Justicia ni castiga de verdad a los culpables en tanto esos culpables no devuelvan el dinero robado, que es lo único importante y fundamental. Por el contrario, a cambio de una temporada privados de libertad, se quedan con el fruto de su delito, fruto que, encima, ocultan en muy elaboradas operaciones de alzamiento de bienes: un delito sobre otro delito que constituye una burla final a la sociedad y a sus juzgadores. Además, entre permisos, terceros grados y demás beneficios penitenciarios que concede la más que permisiva legislación española, tampoco permanecen demasiado tiempo en la cárcel. En definitiva, puede ser un buen negocio pagar el precio de la condena, sabiendo que, a la salida, esperan unos millones cuidadosamente ocultos y dispuestos para ser disfrutados a la salud de la cara de tonto que se nos ha quedado a los creyentes en la Justicia, y en que los Códigos, los jueces y los fiscales sirven para algo más que para hacer política. La cuestión es precisamente que los jueces y fiscales, y hasta los diversos cuerpos policiales, son políticos y hacen política. Detienen y condenan a la llamada pena de telediario según sus sesgos partidistas y según el sesgo partidista de los detenidos. Y lo mismo hacen con la libertad condicional y la prisión preventiva: a la familia Pujol le han permitido evadir ingentes cantidades de dinero y destruir pruebas impunemente durante años y años sin medida cautelar alguna o con medidas cautelares ridículas, mientras que Francisco Granados estuvo dos años y medio en prisión preventiva, sin que en su caso existan diferencias sustantivas con otros investigados en libertad que justifiquen tal medida extrema. No digamos con los Pujol. Y luego están las vergonzosas filtraciones de todos los sumarios secretos, que no se investigan y menos se sancionan, y que constituyen una triste seña de identidad de la Justicia y de los medios españoles, que no se da en ningún país de nuestro entorno ni se puede dar en un país serio.
Solo una sociedad picaresca, desarticulada y corrupta como la española puede soportar una Justicia y unos medios como los que soportamos los españoles. Solo una sociedad sectaria puede soportar tanto sectarismo. Y si eso es lo que hay, ¿qué nos importa que unos y otros entren o salgan de la cárcel? ¿Qué nos importa que los condenen o los dejen de condenar en este país de broma?