Cada vez más cerca del punto de no retorno en la crisis abierta por el reto secesionista en Cataluña. La declaración unilateral de independencia y la suspensión de la autonomía catalana son cada vez más probables después de que ayer el rey Felipe VI instara, durante un mensaje a la nación, a que el Gobierno y la Justicia actúen ante lo que calificó una “deslealtad inadmisible”, mientras que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, reconociera unos minutos antes a la BBC que el anuncio de la ruptura con España es “una cuestión de días”.
En principio, los pronósticos apuntan a que primero llegará la declaración de independencia y después tendrá lugar la reacción estatal a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene por qué esperar al referido anuncio de Puigdemont. Ello se debe a que los requisitos constitucionales se limitan a dos escenarios: que los poderes autonómicos en cuestión no respeten el mandato constitucional, o bien que sus actos atenten gravemente contra el interés del Estado.
Ante la evidencia de que el jefe del Estado abrió anoche la puerta de este artículo 155, el siguiente paso para su aplicación es un requerimiento a Puigdemont previo a su debate en el Senado, que como Cámara territorial es la competente a la hora de decidir al respecto. Dado que el PP cuenta con una mayoría abrumadora de senadores, se da por hecho que ganará una votación que habilita la suspensión de la autonomía y, posteriormente, la convocatoria de unas elecciones anticipadas en la autonomía afectada.
Escalada
La jornada de ayer no fue, precisamente, propicia para el diálogo, una palabra que no pronunció el rey durante su inesperada alocución a la ciudadanía, que se anunció apenas unas horas antes de emitirse. Su tono enérgico, propio de las funciones como garante de la unidad de España que le confiere la Constitución, fue un punto de inflexión en este conflicto.
Desde la perspectiva política, la unidad de acción entre el PP y Ciudadanos es clara, mientras que el PSOE ha guardado las distancias al proponer la reprobación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por los incidentes del 1-O. Los socialistas también han manifestado sus reservas sobre el ya famoso artículo 155. El tono de las manifestaciones estuvo acorde ayer con el calentamiento de la crisis, incluido la huelga general que paralizó media Cataluña. La propia Sáenz de Santamaría calificó como “comportamientos mafiosos” las coacciones a un hotel para que desalojara a los guardias civiles. Desde Interior se descarta la retirada de las fuerzas de seguridad, que permanecerán en Cataluña al menos hasta el día 11. En su línea, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, dijo que “ERC y la CUP están deseando que haya muertos” o que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, lleva a cabo “una política nazi contra los que piensan diferente”.
Contagio y anticipadas
Ante la escalada de acontecimientos y si llegan, como se prevé, la referida declaración de independencia y la suspensión de la autonomía, el escenario político se antoja abocado a unas elecciones anticipadas, tanto en Cataluña como a nivel estatal. Tal medida es coherente con esta crisis institucional, y en los corrillos políticos se habla de ello desde hace tiempo.
Acoso y escraches a las fuerzas de seguridad del Estado
Los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña sufrieron ayer numerosos actos de acoso, escraches incluidos, por parte de grupos de independentistas. Incluso, un hotel de Calella se vio obligado a pedir a unos 200 guardias civiles que se fueran del mismo tras recibir del Ayuntamiento amenazas de cierre.
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