Devolver el IGIC

Presentados en el Parlamento los Presupuestos del Gobierno de Canarias 2018, por la minoría de Coalición Canaria con el apoyo externo del Partido Popular. Sin conocer el detalle, no deja de sorprendernos su orientación. Se incrementan en 938 millones de euros, hasta 8.239 millones de euros, el 13% más que el presente año, los mayores de la historia. Con el PIB creciendo en 2017 el 3,6%, hasta 44.226 millones de euros, en torno a 20.000 euros por habitante, los terceros de la cola española. Representa el presupuesto en torno al 18,6% del PIB regional, una barbaridad. Procede el 90% del incremento para 2018 de los Presupuestos del Estado, milagros de la política. Se cruza esta situación con los recientes datos del Informe de la Pobreza, que sitúa a España y más a Canarias en el vagón de cola, una de las cinco regiones de Europa más desfavorecidas.

En 2018 se destinarán 440 millones de euros a servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, 318 millones de euros a inversión productiva y 124 millones de euros a lo que titulan bajo el oprobio título de “alivio fiscal”, rebajando selectivamente IGIC e IRPF. En la punta de la crisis, en julio de 2010, subió el Gobierno canario el 40% del tipo medio del IGIC, además de subidas selectivas e incremento de bases. De manera que en el periodo 2010-2017, éste ha sido de unos 2.750 millones de euros que se nos han quitado a todos del bolsillo. Esta cantidad ha ido a pagar las tres administraciones públicas canarias, sin que ninguna de ellas haya revertido casi nada en concepto de “salario social”, ni en inversiones públicas o de mantenimiento. Ahora que la recaudación del 40% del IGIC 2018 puede acercarse a los 600 millones de euros, nos contentan con los 120 millones de euros de IGIC e IRPF selectivos. O sea nos “alivian” con el 10% del IGIC comprometido a devolver, usando de rehén a la población empobrecida.

Dos clases de pobreza, la “extrema”, cuya solución debe soportarse siempre en el gasto público y que en un país como el nuestro se sitúa en el 5-10%, y la “empobrecida”, que en el informe referido daba el 45% en Canarias (en Argentina hoy es el 30%). Ello afecta al tercio de la población, 180.000 familias. Con los casi 3. 000 millones de euros recaudados en exceso del IGIC, le tocaría a cada familia en riesgo más de 16.000 euros. La acción política debe equilibrar el gasto público con el de su sociedad civil. En el cercano Informe Solbes sobre las RUP (2011), base de la actual política RUP de Europa, se hacía especial valor sobre las políticas de empleo y renta. Incidiendo en la importancia de la PAC y su despliegue en el Posei-REA y los PDR y en la especificidad del REF. Apostaba el informe en apoyar políticas activas ligadas a los sectores más emprendedores.

Todos los razonamientos nos conducen a dirigir las políticas al apoyo de la sociedad civil, reajustando la pública, que se viene negando a cumplir la legislación de liberalización de servicios, la Directiva Bolkestein. Se niega a simplificar, reducir costes y funciones impropias, en una región con “balanza fiscal” negativa de 4.000 millones de euros al año, e incapaz de convertir el mejor régimen fiscal de Europa en factor activo de localización empresarial y de empleo. En la sociedad globalizada, el trabajo evoluciona hacia “ocupaciones avanzadas”, donde España y singularmente Canarias vuelven a situarse en la cola de Europa. Abordar esta situación exige políticas de largo recorrido. Hoy nos queremos centrar en lo inmediato, en la necesidad de rebajar el IGIC y valorar sus efectos. No nos sirven para ello las soluciones que ofrece el Presupuesto de Canarias 2018. No favorece a la sociedad civil, la mayoría silenciada, e incrementa el desequilibrio del gasto público. Juegan los políticos proponiendo cambios del sistema productivo y su diversificación. Mejor empecemos por devolver el IGIC.