El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), se mantuvo en la noche del pasado lunes casi inamovible en su interpretación acerca de lo ocurrido en el llamado caso Grúas, un proceso hoy judicializado, tras la reapertura de la causa a la que obligó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a un juzgado de instrucción en La Laguna. En ella se investiga cómo hizo las cosas el Ayuntamiento con el citado servicio público de retirada de vehículos, en una etapa en la que el propio Díaz era concejal responsable de esa área en la reseñada Corporación y el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ejercía como alcalde.
En la entrevista que José Alberto Díaz concedió este lunes a Mírame TV, y de la que se hace eco Canarias Ahora, participaron cuatro periodistas (el conductor del programa, Manolo Artiles; el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, y los informadores Esaú Hernández y Óscar Martín, este de Onda Cero), el hoy alcalde de La Laguna no dejó de repetir varios mensajes principales, a saber: la “decisión” que se adoptó en relación con las grúas municipales fue para “garantizar este servicio público”; el “expediente seguido cumple con todos los requisitos legales”, y, “ante la incapacidad de presentar una moción de censura, se utiliza la Justicia” contra el grupo de gobierno por parte de la oposición (conformada por los hoy exconcejales del PSOE, entre ellos Javier Abreu, XTF-Nueva Canarias y Unidos Se Puede).
Sin embargo, José Alberto Díaz no supo argumentar con claridad por qué se intervino el servicio en vez de rescatarlo, como era lo propio ante los graves incumplimientos de la concesionaria, entonces controlada por siete empresarios de los que cinco han reconocido vínculos personales con el entonces alcalde lagunero y hoy presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.
Durante la entrevista, José Alberto Díaz repitió una y otra vez que las grúas del municipio “no han costado un solo euro al Ayuntamiento”, y dijo más: “No han supuesto ningún coste y sí ha habido una ganancia del 4%”, en alusión a los intereses del préstamo concedido (120.000 euros) a la empresa privada que realizaba el servicio con el argumento de la existencia de un “desequilibrio económico en esta concesión desde hacía tres años”. Ello tuvo su origen, relató el alcalde, en una caída del presupuesto local aprobado para tal fin (en el año 2012, se pasó de 879.000 euros a 650.000).
Díaz también trasladó su clara intención de “ejercer” su “derecho a la defensa”, pero eludió hablar de su posible dimisión como regidor local si al final resulta investigado o imputado en este proceso.
Hay que tener en cuenta que el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ya ha citado en calidad de investigado al portavoz y concejal de CC en el municipio, Antonio Pérez Godiño, quien firmó uno de los decretos ahora investigados judicialmente, porque el entonces edil de Seguridad, precisamente José Alberto Díaz, estaba de vacaciones. Los otros dos decretos fueron firmados por Fernando Clavijo, y los tres se relacionan con el crédito de 120.000 euros y con la prórroga de la concesión durante cinco años más.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que finalmente decida si Fernando Clavijo es imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
La entrevista televisiva se desarrolló con el traslado de un reproche central por parte de José Alberto Díaz: “Ha habido dos años de acusación y de condena, como si yo ya estuviera condenado”. “Ha habido una condena desde el principio”, y los “procesos judiciales tienen consecuencias cuando se terminan”. Por ahora, “solo se dice que hay indicios” y que “se investigue”, en referencia a que el alcalde actual no ha sido llamado a declarar como investigado o imputado en esta misma causa.
Díaz, que es abogado de profesión, centró su esfuerzo durante toda la entrevista en dejar claro que, según sus planteamientos, “ha habido máxima transparencia” con el llamado caso Grúas, con “todos los expedientes sobre la mesa”, a la vez que lamentó que “ir al juzgado”, en alusión al “escrito” presentado ante la Justicia con firma de concejales de XTF-NC y Unidos Se Puede, “no es la manera más correcta de hacer política”.
En relación con el préstamo otorgado por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio público de grúas tras ser adquirida (Autogrúas Poli) por los amigos de Fernando Clavijo, el alcalde afirmó que el crédito era “necesario para garantizar ese servicio público”, que corría el peligro de ser realizado de forma inadecuada debido a la reducción presupuestaria ya señalada. Según subrayó José Alberto Díaz, “el proceso seguido con las grúas en La Laguna es digno de aplicarse en otros municipios”. Sobre quién gestionó el dinero del préstamo, recalcó que los fondos siempre estuvieron bajo el control de dos administradores públicos nombrados por el Ayuntamiento.
Se mantiene con el voto del concejal de los mensajes machistas
Si, como siempre aseguraron, las dos concejales que le quedan al PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda, obedecieran a su partido, una moción de censura contra el alcalde José Alberto Díaz (CC) solo contaría con el impedimento del voto de Zebenzuí González, el edil que se niega a entregar su acta a pesar de la repulsa general por parte de los vecinos, los trabajadores municipales y el resto de los ediles. Sin embargo, Zebenzuí se niega, a pesar de no cobrar un euro de forma oficial.
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