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El 1% cultural de Canarias también se dedica al turismo y a carreras atléticas

La ley autonómica en vigor establece que una parte de cada proyecto de inversión a partir de 300.506 euros incluido en los Presupuestos se destine a la conservación o restauración del patrimonio histórico
Victoria Hernández Pérez, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias
Victoria Hernández Pérez, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias
Victoria Hernández Pérez, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias. ANDRÉS GUTIÉRREZ

La Ley 16/1985, de 25 de junio, obliga a destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1,5% a trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o al fomento de la creatividad artística, “con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno”. Quedan exentas aquellas cuyo presupuesto global no rebase los 601.012,10 euros, las que afecten a la seguridad y la defensa del Estado o a la de los servicios públicos.

Ese porcentaje es todavía del 1% en Canarias, en virtud del artículo 93 de la normativa autonómica, de abril de 1999. Pero no es ese detalle lo que más le preocupa a la diputada regional del PSOE Victoria Hernández Pérez, que formuló una pregunta a la Consejería regional de Cultura, Turismo y Deportes con respuesta por escrito para conocer cuánto dinero se dedica y en qué por este concepto. Su sorpresa fue mayúscula. “No hay criterio”, recalca en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. “El reparto es absolutamente discrecional, arbitrario, porque no se ha desarrollado el artículo 93. La objetividad, la libre concurrencia y la transparencia brillan por su ausencia”.

Los datos facilitados al Grupo Socialista abarcan los años 2014 (con un montante de 10.740 euros), 2015 (183.512,55), 2016 (194.410,98) y hasta el 3 de octubre de 2017 (189.466,28 euros). Según el boletín oficial, en la cuantía de cada proyecto de inversión que supere los “cincuenta millones de pesetas” (300.506 euros) que se incorpore a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se incluirá una partida, equivalente como mínimo al 1% de su importe, con destino a “financiar trabajos de conservación o restauración del patrimonio histórico”, conforme a las “prioridades” fijadas por las Directrices de Ordenación del Patrimonio.

Llama la atención que se consignen 4.990 euros a Trasvulcania, una carrera de larga distancia que pasa por ser una de las ultramaratones de montaña más duras del Archipiélago y de las más importantes de España. Se celebra en La Palma desde 2009, y de 2012 en adelante puntúa para el campeonato del mundo de la modalidad. Las actividades culturales paralelas sirven de excusa para tal subvención, de dudosa justificación.

En 2016 se hicieron cinco aportaciones a las sextas jornadas de turismo de Buenavista del Norte por un total de 3.622,14 euros. Para la “colocación y realización” de las vallas informativas en el parque arqueológico La Zarza-La Zarcita, en Garafía (La Palma), constan 17.280,95 euros en el ejercicio de 2015.

Algunas ediciones de libros se vieron favorecidas por este concepto. Para el diseño, la maquetación y la corrección del volumen biográfico Fotografías y sociedad en la isla de El Hierro a través de la cámara de Matías Padrón (1855-1926), de 496 páginas, se reservaron 19.153 euros en 2015. La edición corrió a cargo de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. A día de hoy ocupa el puesto número 366.232 de la clasificación de los más vendidos de Amazon.

La parlamentaria palmera Hernández Pérez observa un “favoritismo” en función del color político. Tales evidencias animan al PSOE a elaborar una proposición no de ley (PNL) y a incluir el asunto en las conclusiones del debate de política general: “Queremos que se haga un reglamento que regule las concesiones de las ayudas y que se eleve al 1,5%”.

Entre los requisitos que determina el ministerio, los inmuebles objeto de la subvención “deberán estar declarados Bienes de Interés Cultural, haberse incoado el expediente correspondiente, gozar de un nivel de protección equivalente o estar dentro de un conjunto histórico y catalogado por el planeamiento municipal”. Y algo que no es baladí: ser de titularidad pública, con las salvedades de que exista una cesión del uso durante un plazo mínimo de 50 años, esté en la lista de la Unesco o en los planes nacionales de Patrimonio Cultural.

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