Tiene madera de sindicalista. De hecho, Unai Sordo Calvo se dedicó a esa actividad laboral antes de ejercer responsabilidades en Comisiones Obreras. Es secretario general desde julio de 2017, en sustitución de Ignacio Fernández Toxo. Estos días ha estado en Canarias para participar en asambleas informativas.
-¿Qué factores justifican la huelga parcial del 8 de marzo?
“Fundamentalmente, la desigualdad que sigue existiendo en la sociedad española entre los hombres y las mujeres. Aunque es multifacética, que afecta a cuestiones culturales, de historia, de concepto de la sociedad, tiene una dimensión clarísima laboral y socio-económica. La desigualdad material, en el tipo de puesto de trabajo, en los salarios, es evidente y sigue marcando el resto de desigualdades. Por tanto, el 8 de marzo, que creemos que va a ser una jornada de movilización histórica en España, debía tener también una vertiente de respuesta sindical y por eso hemos convocado un paro de dos horas”.
-¿Cuál debería ser la actitud, el comportamiento, de la población laboral masculina?
“Nosotros hemos llamado a un paro de hombres y de mujeres. Como sindicato, pensamos que el protagonismo del 8 de marzo indiscutiblemente corresponde a las mujeres. Entre otras muchas cosas, yo creo que va a ser una jornada de empoderamiento colectivo de las mujeres en España que marcará un antes y un después. Pero que sean las protagonistas, el sujeto colectivo que exige la igualdad, en nuestra opinión no quita para que una huelga, un paro, se convoque para el conjunto de la población trabajadora. Yo no concibo esto de que las mujeres paren para que las sustituyan en el puesto de trabajo. Más bien, tiene que haber un paro de hombres y mujeres para fortalecer una gran movilización social y, sobre todo, porque la igualdad es algo que nos concierne a todas y a todos. En Comisiones lo hacemos con la voluntad de confluencia con el movimiento feminista, del que el sindicato es parte desde el inicio de la democracia”.
-¿Por qué hay tan pocas mujeres en la primera línea sindical?
“Bueno, eso ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. En Comisiones Obreras, la ejecutiva confederal es paritaria. De hecho, si exceptuamos al secretario general, hay una mujer más que hombres y, además, llevando responsabilidades muy importantes; no solo las que habitualmente estaban vinculadas a las mujeres. Ha habido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Hemos superado el sesgo de género”.
-¿Dónde está el germen de la brecha salarial?
“Nosotros hemos hecho un estudio en el que básicamente se sitúan tres o cuatro elementos. La brecha salarial en España la cuantificamos en el 30%. Para que tuvieran el mismo salario medio que los hombres, las mujeres tendrían que ganar un 30% más. El 75% del tiempo parcial en España está ocupado por mujeres. Los complementos retributivos, no el salario base, que cobran los hombres son un 44% mayor. Esto último tiene que ver con muchas cuestiones; entre otras, con las continuidades o discontinuidades de las carreras profesionales. ¿Por qué las mujeres suelen interrumpir durante mucho más tiempo sus periodos laborales? Pues, porque siguen vinculadas a los cuidados. No hay una suficiente dotación de servicios públicos, de atención a las personas dependientes y a la infancia que evite que las mujeres sigan ejerciendo tareas de cuidados que acaban lastrando sus carreras profesionales. Y luego hay elementos como sectores enteros que están muy feminizados; casi siempre, con salarios mucho más bajos a otras profesiones históricamente masculinas. Esa especie de segregación ocupacional explica buena parte de la brecha salarial, así como las categorías. Todo esto hay que remover. Tiene que ver con las políticas laborales, con la reforma laboral, con las políticas sociales y de inversión pública”.
-La conciliación es una gran ayuda, ¿no?
“Sí, se pueden tomar medidas de ese tenor. Pero a nosotros y a nosotras siempre nos gusta insistir en que no hay una medida o dos clave. Esto no va solo de permisos… Es que son muchas las causas de una desigualdad tan estructural. Hay una cultura sobre cómo contratar a las mujeres que habría que desterrar. Y, desde la negociación colectiva habría que impulsar los planes de igualdad en las empresas, que a día de hoy solo son obligatorios en las que hay más de 250 personas trabajadoras”.
-¿Se está haciendo un debate serio sobre el problema de las pensiones?
“Las protestas son perfectamente comprensibles. Las personas pensionistas en este país han sido el gran colchón anticrisis. Muchos hombres y mujeres, después de estar toda la vida trabajando, han tenido que asumir unas responsabilidades que el Estado no asumió. Se sienten en cierto modo humillados y humilladas por el hecho de que, cuando el país crece por encima del 3%, las pensiones se revaloricen solo en el 0,25%. Han salido a la calle como una reacción a esa especie de humillación después de lo que han hecho a lo largo de la crisis. De fondo hay una política en materia de pensiones que hay que modificar. En España, el problema de pensiones ya era previsible en el sentido de que se iba a jubilar más gente, que iba a cobrar durante más años y que iba a cobrar pensiones más altas. Todo esto lo sabíamos. Lo que había que ir acometiendo era una política de mejora de ingresos en el sistema público de pensiones. Hasta el año 2013 estaba más o menos orientado. Lo que pasa es que el Gobierno introdujo una reforma que lo que pretende es disminuir la cuantía media de las pensiones en los próximos 25 años, a través del índice de revalorización. A partir de 2019, el factor de sostenibilidad va a ser que la pensión primera vaya cayendo paulatinamente en función de la esperanza de vida”.
-¿Con cuánto dinero se arregla esto?
“El país tiene que responder a una pregunta: ¿cuánto de la renta que se genera se quiere gastar en pensiones? Si España está dispuesta a gastarse en los años que más tenga que gastar en torno al 14,8% de su PIB, el sistema es viable en los términos de calidad actuales. Esto es cuestión de decisión política. Habría que introducir en las próximas dos décadas y media 35.000 millones de euros más”.
-Objetivamente, ¿de qué circunstancias depende?
“Depende de la evolución del empleo, de los salarios que se generen y de la parte de los Presupuestos Generales del Estado que se dedique a garantizar la viabilidad del sistema. No hay ninguna maldición”.
-¿Qué recorrido le queda a la iniciativa legislativa popular de la renta mínima garantizada, de 426 euros?
“Se ha quedado en la comisión del Congreso. En principio, el otro día se votó trasladarla al pleno. No salió la votación [por el rechazo del PP y Ciudadanos] y, por tanto, sigue exactamente igual pero en la comisión creada al efecto. Espero que el proceso se acelere en el próximo mes. Si realmente se mantienen los apoyos, será aprobada en el Congreso y pasará al Senado. En la Cámara alta, el trámite es más delicado por la mayoría absoluta del PP. Si se rechaza, volverá al Congreso y el sindicato va a ser una presión continua, porque este país necesita una renta mínima garantizada. Hay situaciones de pobreza y de exclusión social en la gente que pierde la prestación por desempleo y que en muchos territorios de España no tiene apenas a qué acogerse”.
-¿El sector turístico en España es de sol y sombras?
“Las actividades vinculadas al turismo son uno de los sectores en los que más se visualiza la ruptura entre cómo evoluciona la economía y cómo se distribuyen los resultados. Estamos en un momento de crecimiento sin distribución. En el turismo se viven años históricos en cuanto a visitantes y facturación, pero las condiciones laborales se están deteriorando de una forma acelerada. Se han puesto herramientas para ello, como la reforma laboral y cómo se permite a las empresas subcontratar, externalizarse y precarizarse hasta situaciones de explotación. En el turismo se están dando situaciones de explotación abierta. Las camareras de piso… No puede haber un turismo con futuro basado en la explotación, en unas bajas condiciones de trabajo y en la poca calidad en el propio servicio. En Baleares hemos firmado un convenio colectivo que ha mejorado los salarios casi un 20% y se ha metido mano a la externalización para precarizar”.
-¿La postura que han adoptado en Cataluña los sindicatos de clase es la que más conviene a los trabajadores?
“La postura que han adoptado los sindicatos en Cataluña ha sido sobre todo una apuesta por el diálogo y la negociación política. Creo que, más allá de que el Gobierno de la Generalitat y de la mayoría del Parlament adoptó una serie de medidas evidentemente al margen de la legislación, contra la legislación y fuera del marco constitucional, lo que subyace es un conflicto político de calado que conviene reconducir cuanto antes sin perjuicio de que desde el sindicato no compartimos en modo alguno la estrategia unilateral y esta huida hacia adelante”.
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