Una espera necesaria – Por Julia Navarro

En mi opinión, el Parlamento debería de haber esperado a que el Tribunal Constitucional dictaminara sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. El PSOE presentó en su día un recurso ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, lo más conveniente sería esperar la decisión del alto tribunal, en vez de enzarzarse en un debate sin salida.

Y son varios grupos los que han tirado la piedra en el estanque. El PNV, que ha planteado al Congreso su derogación, de ahí que se celebre el debate. El Gobierno, que pretende ampliar los delitos que pueden ser objeto de la prisión permanente revisable. Ciudadanos, que ha presentado sus propias enmiendas pidiendo que para determinados delitos se endurezcan las penas, pero sin pedir la prisión permanente revisable. El PSOE, que se opone; Podemos, PNV, Esquerra, también. Y en la tribuna de invitados, los padres de algunos niños víctimas de crímenes execrables, que piden que no se lleve a cabo la derogación de la prisión permanente revisable.

El debate es un debate doloroso y difícil, y seguramente la opinión pública observe con recelo a los partidos que piden la derogación de la prisión permanente revisable. Pero también es función de los partidos hacer pedagogía sobre sus propias posiciones y aquí hay dos formas de entender la Constitución, la de quienes creen que la prisión permanente revisable la vulnera, puesto que en nuestra Carta Magna no se contempla la prisión perpetua, y quienes creen que precisamente al ser derogable, la ley es respetuosa con la Constitución.
Por eso sus señorías deberían de haber esperado la decisión del Tribunal Constitucional antes de ponerse a debatir qué hacer con esta ley. Es evidente que ésta es una ley que debería de contar con un consenso con el que no cuenta. El Gobierno del PP nunca debió de aprobarla sin contar con el acuerdo, al menos, de buena parte de los grupos parlamentarios, al igual que vuelve a retorcer la tuerca presentando ahora ampliar los delitos para su aplicación. La actitud más sensata fue la que adoptó el PSOE en su día, acudir al Constitucional. Ahora este debate en el Parlamento solo sirve para encrespar ánimos y poco más, porque la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.