En la frente

Es preciso reconocer -y aceptar- que el Tribunal Superior del land alemán de Schleswig-Holstein ha propinado una bofetada pública y notoria al juez Pablo Llarena y, de paso, a la Justicia española. El Tribunal no acepta imputar a Puigdemont por rebelión porque no considera acreditado que en su actuación política existiera violencia o amenaza de utilizarla. Solo acepta una posible imputación por presunta malversación de caudales públicos, y, además, lo pone en libertad provisional mediante las habituales medidas cautelares de fianza, prohibición de abandonar Alemania y presentación periódica. Se ha comentado que el juez Llarena podría desactivar de nuevo la euroorden, pero si lo hiciera el ridículo y el desprestigio serían aún mayores. La auténtica disyuntiva es renunciar definitivamente a la entrega o aceptarla para juzgarle exclusivamente por presunta malversación. Y eso que el ordenamiento jurídico alemán, junto con el francés, es el ordenamiento europeo más favorable a las tesis españolas. De modo que parece claro lo que podemos esperar de los tribunales belgas o escoceses. Se está aludiendo a una tercera posibilidad, y es que el juez Llarena plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea, lo que demoraría todo el proceso mucho tiempo, pero no creemos que ese eventual planteamiento cambiara mucho las cosas. Y, por cierto, para minimizar lo sucedido algunos medios están equiparando incorrectamente al Tribunal alemán con una Audiencia Provincial española: su equiparación correcta sería con el Tribunal Superior de una comunidad autónoma.

El problema es que el delito español de rebelión no existe como tal en Alemania. El delito equivalente es el de alta traición, y ese delito exige una violencia de mayor grado que la que acredita el juez Llarena en su euroorden; es decir, no basta con la violencia callejera producto de una manifestación. Hubiera sido necesario, por ejemplo, que la declaración de independencia hubiese sido acompañada de una ocupación efectiva del territorio, de sedes institucionales y hasta de cuarteles y comisarías de policía por parte de fuerzas de la Generalitat: un golpe de Estado que, evidentemente, no se produjo.

Si finalmente tuviera lugar la entrega de Puigdemont, se generaría el absurdo de que no podría ser juzgado por rebelión, mientras sus subordinados en el Gobierno catalán sí, lo que vaciaría tales juicios de legitimidad moral. En este caso, es de esperar que el juez y la Fiscalía actuaran en consecuencia. Por otra parte, la puesta en libertad provisional de Puigdemont cuestiona la legitimidad moral de las prisiones preventivas y las negativas a conceder permisos para el ejercicio de derechos políticos decretadas por Llarena. Ya en algunos artículos anteriores hemos cuestionado sus autos.

La primera en la frente, decimos en español con una expresión de origen religioso. Pues bien, esa primera en la frente debería servir para que el Gobierno, el Tribunal Supremo y el Constitucional se cuestionen seriamente si parapetarse tras las togas y actuar a golpe de auto y de encarcelamiento sirven para resolver el problema catalán o, en realidad, forman parte del problema.