El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), se ha negado esta mañana a responder a las preguntas de las acusaciones populares en el llamado caso Grúas en el que ha sido imputado (ahora investigado) por apreciar la Audiencia Provincial indicios racionales de criminalidad en su gestión.
Aunque como ciudadano Díaz tiene todo el derecho de rehuir el interrogatorio, sorprende su actitud al tratarse de un cargo público que debe dar explicaciones por lo que sucedió y que además aseguró que acudiría a la sede judicial con el ánimo de dar su versión de los hechos.
El caso Grúas versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
En palabras de Santiago Pérez: “Se va abriendo paso el estado de Derecho con la declaración como imputado del alcalde de La Laguna. Ha sido citado como investigado, que es lo mismo que imputado, porque en su comportamiento en el caso Grúas hay indicios racionales de criminalidad. Esto no lo digo yo sino lo dice la Audiencia provincial. El alcalde tiene derecho a no declarar como ciudadano, pero si se acoge a ese derecho quedará en evidencia como alcalde”.
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