Noventa euros. Ahí va a estar el límite de las muestras de cortesía social para con los altos cargos de la Administración autonómica de Canarias. Según la literalidad del proyecto de ley que lo regula, actualmente en la fase de tramitación parlamentaria, las personas que desempeñen cargos públicos deberán rehusar los regalos, los obsequios o las donaciones realizadas a título individual o por entidades e instituciones por cualquier causa relacionada con sus competencias o funciones. Tal obligación excluye las muestras de cortesía social y atenciones protocolarias siempre que no sobrepasen el importe mencionado; los obsequios oficiales o de carácter protocolario que se reciban en el ejercicio de misiones institucionales entre gobiernos y todo tipo de autoridades; los gastos y atenciones derivados de la participación en un acto público o visita oficial en razón del cargo, así como de la participación o presencia en ponencias, congresos, seminarios o actividades similares de índole científica, técnica o cultural. Si por alguna razón no es posible la devolución de los regalos inapropiados, el alto cargo destinatario habrá de remitirlos al órgano encargado de la gestión patrimonial de la comunidad autónoma para que les dé el destino que proceda. Cada año, esta misma instancia enviará a la Oficina de Intereses de Cargos Públicos una relación de los regalos, obsequios o donaciones en la que se hará constar una descripción y la identificación del receptor.
Aprobado por el Pleno el 29 de mayo de 2015, el Código de Buen Gobierno del Cabildo de Tenerife sitúa la barrera de lo aceptable en los 20 euros: “Podrán admitirse obsequios o atenciones por un importe igual o inferior a los 20 euros dentro de un marco de cortesía social, siempre que no concurra un conflicto de intereses”.
Con el propósito de “asegurar la actuación objetiva, transparente, ejemplar y austera”, la Consejería de Presidencia confeccionará una propuesta de Código de Buen Gobierno que se mandará como comunicación al Parlamento para su debate. El documento desarrollará los principios de actuación y de conducta, desde la promoción del respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas hasta el rechazo de regalos, obsequios y donaciones en los términos antes expuestos. Otro mandato se refiere a la “plena dedicación al servicio público, con sujeción a lo establecido en esta ley sobre incompatibilidades”, de manera que se eviten “situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones”. El fomento de la participación ciudadana en la formulación, implantación y evaluación permanente de sus políticas y programas constituye otro de los pilares de la estructura. A ello se unen la transparencia en la gestión de los asuntos públicos; la eficacia, economía y eficiencia, además de la calidad en la prestación de los servicios. Se velará, asimismo, por la imparcialidad, la ecuanimidad y la objetividad. La diligencia en el cumplimiento de las obligaciones implica ejercer las funciones “para la finalidad exclusiva para las que fueron encomendadas, sin valerse de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales”. La asunción de la responsabilidad por sus decisiones y acciones conlleva afrontar las consecuencias derivadas de lo realizado y lo que no. Esto incluye poner en conocimiento de las instituciones, organismos y autoridades competentes las presuntas actuaciones irregulares. La austeridad entraña ajustar la gestión tanto a la legislación patrimonial y presupuestaria como a las instrucciones que emanen del Ejecutivo, “sin que sean destinados a actividades que no les estén permitidas por la normativa que en su momento sea de aplicación”.
Los altos cargos se comprometerán a dispensar “una igualdad de trato” a todas las personas que se encuentren en idénticas circunstancias, “sin discriminaciones y removiendo los obstáculos que dificulten la realización efectiva de la igualdad de género”. En virtud de la exigible “conducta digna”, los altos cargos se dirigirán a la ciudadanía “con el debido respeto y la esmerada corrección”.
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