La construcción del viario del barranco de Santos conllevó la expropiación de terrenos y casas a ocho familias en 2005. Trece años después la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz se ha puesto en contacto con ellos para comunicarles que no va a cumplir con el acuerdo que se alcanzó entonces, construirles una casa, y que, a cambio les va a entregar una cantidad de dinero equivalente al valor de la vivienda. La respuesta de uno de los afectados ha sido ir al juzgado puesto que no quiere el dinero sino que cumplan con lo prometido, una casa. Tanto al denunciante, como a los otros siete expropiados, Urbanismo les ha pagado el alquiler durante todo este tiempo, algo que, según les avanzó el concejal del área, Carlos Tarife, van a dejar de hacer con o sin acuerdo. Asimismo, les han comunicado que la intención del Ayuntamiento es negociar con todas las familias para que acepten el dinero y si no es así llevará el acuerdo de 2005 al Pleno para deshacerlo y aprobar las nuevas indemnizaciones.
Esther Escuela es una de las expropiadas y una de las familias que no está de acuerdo con la oferta de Urbanismo. “No estamos conformes con la valoración que ha hecho el Ayuntamiento. El dinero que nos ofrecen no cubre el acuerdo al que llegamos y que era el de un piso de 70 metros cuadrados con garaje en la zona de Plácido Sansón, donde se construiría el edificio que nos prometieron”. “Ahora -continúa- me ofrecen 60 metros cuadrados y una cantidad que ni de lejos da para comprar un piso en esa zona”.
Escuela además llama la atención sobre que Urbanismo no incluye en la oferta los posibles pagos que los expropiados hayan de hacer a Hacienda ya sea por recibir el dinero o por la compra de un piso. Según esta familia, al menos otras cinco, incluida su hermana y una vecina, no están de acuerdo con la oferta del Ayuntamiento e invitan a Urbanismo a seguir negociando. Ante la posibilidad de que, finalmente, se lleve a Pleno el acuerdo para cambiarlo, Escuela lo tiene claro, “pueden cambiar lo que quieran y donde quieran, pero no pienso renunciar a mis derechos porque el Ayuntamiento no pueda cumplir con lo que prometió”. El concejal de Urbanismo, cuestionado por DIARIO DE AVISOS, confirmó que, de momento, la Fiscalía ha pedido ver el expediente de la expropiación y los términos en los que se desarrolla la nueva oferta, “algo a lo que no tenemos ningún inconveniente”, afirmó.
Tarife detalló que este cambio de postura obedece a que cumplir con los acuerdos implicaría invertir casi seis o siete años (construir un edificio) y que el pago de alquileres durante todo este tiempo es algo que no quieren perpetuar en el tiempo. “En su momento, en el año 2004-2005 se firmaron las expropiaciones para hacer el viario del barranco de Santos y por parte del Ayuntamiento se les prometió la construcción de unas viviendas en la zona de Plácido Sansón. Desde entonces se ha venido pagando alquileres a estos expropiados y cuando hemos visto este expediente, tanto el gerente como yo hemos decidido que había que buscar ya una solución”, detalló el edil.
Según Tarife, ya se ha reunido con todos los afectados y, al menos dos, han aceptado las tasaciones que, con fecha de 2018, se han hecho. En el caso concreto del denunciante, se trata de uno de los herederos de la persona a la que se expropió. “Es el único que sigue viviendo en la casa que alquiló su madre y nos ha manifestado que no quiere el dinero sino una casa”, explica Tarife. “Por nuestra parte -continuó- no tenemos ningún problema en buscar un piso por la zona que se ajuste a la tasación de su caso, pero, al haber más herederos, deberán ponerse de acuerdo todos en lo qué quieren, si la casa o el dinero, ya que irá a nombre de todos”. Añade Tarife que, en todo caso, si no hubiera acuerdo, “lo que haríamos sería depositar ese dinero en un cuenta corriente a nombre de los cuatro hijos y que luego ellos decidan”.
En cuanto al pago de los alquileres de las ocho familias, este se seguirá abonando hasta que se llegue a un acuerdo, bien de forma privada, o bien aprobando en el Pleno la nueva propuesta. “Lo que sí es verdad es que no queremos prorrogar esta situación más allá del verano”, añadió Tarife. El propio concejal admite que, “el Ayuntamiento, durante mucho tiempo, ha sido incapaz de construir ese edificio y de alguna manera lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que en su momento se acordó y, como cumplirlo es imposible, después de 13 años de alquileres, lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con las personas para darles esa tasación”.
Las cifras de las que habla el concejal se mueven entre los 80.000 y los 138.000 euros. Tarife insiste en que son valoraciones actualizadas, hechas este mismo año. “Estamos ofreciendo a las familias la posibilidad de llegar a un acuerdo y que desde que den el visto bueno, en 50 o 60 días tendrán el dinero en su cuenta y será después cuando se deje de pagar el alquiler”.
El concejal de Urbanismo admite que, con las familias con las que no se llegue a un acuerdo, “la idea es proceder igualmente al pago de la expropiación, porque lo que no vamos a prorrogar es una situación que viene de un incumplimiento del ayuntamiento y que 13 años más tarde no vamos a seguir pagando alquileres”.
Comisión de control
Sí se puede se interesa hoy por este tema en la Comisión de Control municipal y detalla que, después de que su portavoz, Pedro Fernández Arcila, se reuniera con algunos de los afectados, han sacado la conclusión de que el concejal está tratando de “influir para que renuncien al acuerdo de 2005”.
Según Arcila, Tarife les ha trasladado a los afectados que la construcción del edifico de la calle Fermín Morín se puede dilatar varios años, “ofreciéndoles unas cantidades que, según informes municipales, corresponderían con la valoración de la vivienda a la que se había obligado el Ayuntamiento a entregar, afirmando el concejal de Urbanismo en esas reuniones que si no mostraban conformidad con esa propuesta, lo llevaría a pleno para anular el acuerdo adoptado en 2005 y que la Gerencia de Urbanismo dejaría de pagar los alquileres”.
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