El Gobierno de Canarias ha mostrado hoy su disposición a estudiar la creación de una agencia independiente contra el fraude y la corrupción en el archipiélago, una propuesta de Podemos, aunque considera difícil que diera tiempo a tramitar una ley para constituirla en lo que queda de legislatura.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno regional, se ha reunido con representantes de los grupos parlamentarios en un encuentro en el que Joan Llinares, director de la Agencia contra el Fraude de la Comunidad Valenciana, ha presentado la experiencia en el año de existencia de esa oficina, dependiente del Parlamento autonómico que ha tramitado más de noventa expedientes de casos de posible corrupción.
Joan Llinares explicó que la Agencia contra el Fraude valenciana tiene competencias de control, investigación y sanción sobre contratación publica, concesiones públicas, subvenciones, selección de personal y gestión del patrimonio público, no solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino también en ayuntamientos, universidades, partidos, sindicatos, empresas públicas, contratistas, subcontratistas y en general cualquier organización que reciba fondos públicos.
Los casos de corrupción más habituales detectados en el año de funcionamiento se refieren a conflicto de intereses en la relación entre contratista y contratante, hasta el punto de que se dan casos de “autocontratación”,ý la financiación de personas y organizaciones políticas.
Con el apoyo tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia, la Oficina, compuesta por funcionarios públicos nombrados por el Parlamento y con estatuto de independencia y autonomía, garantiza la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes y trabaja en un sistema de trazabilidad de los contratos públicos basado en el sistema “blockchain”.
Este modelo valenciano no será necesariamente el que se aplique en Canarias, según expuso tras el encuentro el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, quien señaló que se estudian otras agencias como las de Cataluña o Navarra para que en caso de que se creara una agencia en las islas se adaptara al sistema normativo ya existente.
Según el viceconsejero, “el aparato normativo y legislativo” contra la corrupción en las islas “es muy intenso” y la Comunidad Autónoma tiene reconocidos a nivel internacional estándares de transparencia, “por encima de la Comunidad Valenciana”.
En el encuentro, Fernando Clavijo “se ha comprometido a seguir analizando y estudiando” la posible agencia antifraude canaria y ha citado para julio a los grupos parlamentarios para ver cómo se puede “encajar de manera inteligente” en el aparato normativo autonómico, de manera que “no se solapen” sus competencias con otros organismos como la Audiencia de Cuentas o el Comisionado de Transparencia.
El viceconsejero consideró que no se puede crear una oficina antifraude como si fuera “una pantalla publicitaria”, sino que hay que hacer “un análisis real” para que sea eficaz, y en todo caso será el Parlamento el que tome la decisión de aprobar una ley, un proceso legislativo que sería difícil concluir al estar “al final de la legislatura”.
De momento, en julio podría estar listo “un cronograma” para ir desarrollándolo hasta el final de la legislatura.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, partido que ha promovido este encuentro, afirmó que la población canaria está especialmente preocupada por la corrupción, el enchufismo y las malas prácticas.
“La mejor vacuna es crear un cordón sanitario, herramientas que ayuden a prevenir y sancionar la corrupción”, como es el caso de una ofician antifraude.
Dolores Corujo, portavoz del PSOE, afirmó que “todos los grupos parlamentarios sin excepción” aplauden esta iniciativa y subrayó la importancia de garantizar la protección del denunciante y la formación del personal de las administraciones públicas para que los políticos tengan “la máxima garantía jurídica en la toma de decisiones”.
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