Fue hace más de ocho meses, concretamente el 17 de octubre de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó un auto en el que apreciaba indicios delictivos suficientes como para continuar con la investigación judicial abierta contra el exalcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a cuenta del llamado caso Grúas, un asunto que versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, las diligencias siguen tramitándose en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de Los Adelantados, si bien la jurisdicción competente en el caso de Clavijo, que está aforado, es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), desde donde ya se tuvo que recordar a la titular del citado juzgado lagunero el procedimiento correcto para su inhibición.
Ahora, la acusación popular que impulsa el grupo municipal de Unid@s se puede reitera al juzgado en cuestión que se proceda a la toma de declaración de Fernando Clavijo como imputado (antes investigado) por esta causa, y para sustentar -de nuevo- tal solicitud se toma como referencia, lógicamente, el auto de la Audiencia Provincial fechado en octubre pasado. Sobre la lentitud del proceso del llamado caso Grúas basta con recordar que las primeras denuncias se produjeron en 2012, cuando algunos trabajadores de la concesionaria de las grúas municipales laguneras desvelaron sus sospechas sobre el presunto saqueo de las piezas en vehículos retirados por las grúas municipales, lo que motivó unas diligencias que siguen instruyéndose en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, y en el que están imputados los siete empresarios que controlaban la empresa, la gran mayoría con vínculos personales con Fernando Clavijo.
Las cuitas de estos trabajadores alertaron a los concejales de los grupos de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, liderados por Rubens Ascanio y Santiago Pérez, respectivamente, quienes a su vez denunciaron, años después, lo irregular de un préstamo de 120.000 euros y de una prórroga de la concesión de las grúas por parte del Ayuntamiento de La Laguna, a pesar de que el interventor municipal advirtió de que ambas decisiones del equipo de gobierno eran ilegales. Esta segunda denuncia es la que instruye ahora el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, a la espera de que se inhiba a favor del TSJC.
Por ahora, han sido imputados el hoy alcalde, José Alberto Díaz (CC), y el también concejal coalicionero Antonio Pérez Godiño, si bien es de justicia recordar que si este edil firmó uno de los tres decretos bajo sospecha fue porque Díaz, titular del Área de Seguridad Ciudadana en aquellas fechas, se encontraba de vacaciones. Además, se ha solicitado que se investigue a tres técnicos municipales: Antonio Vera, Alejandro Cordero y Rosario Hernández.
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