La Federación de Importadores y Distribuidores de Automóviles de Canarias (Fredica) salió ayer al paso de las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la que señalaba que el vehículo diésel “tiene los días contados”, y considera que los miles de usuarios de vehículos diésel deberían plantearse demandar a los ayuntamientos, comunidades o Estados donde se les prohíbe o prohibirá circular.
Para el presidente de Fredica, Rafael Pombriego, las declaraciones de la ministra son “temerarias”, porque “solo generan incertidumbre entre los ciudadanos como generan preocupación en el sector de la distribución”. Y añade que estas manifestaciones “tienen que ser medidas, pues no se pueden realizar anuncios sin concretar absolutamente nada”. Según Rafael Pombriego, “nadie se opone a un cambio hacia una movilidad más limpia y respetuosa con el medio ambiente, lo que ya está haciendo el sector, pero los cambios no pueden ser a golpe de titular de prensa u ordenanza local”. “La industria requiere un periodo de adaptación razonable, no pudiéndose cambiar la oferta de vehículos y la demanda de un día para otro. Se debería fijar una fecha a medio plazo para que fabricantes y distribuidores puedan realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta la oferta y la demanda, como todo el entramado económico y social que está detrás del sector”.
A su juicio, “establecer estas medidas discriminatorias supondrán un atentado contra el derecho de expectativa al uso pacífico de los miles de usuarios que han adquirido o adquirirán legalmente un coche diésel y que por decisiones posteriores de carácter político, aunque tengan una justificación medioambiental, coartan su derecho a usar su automóvil, que ha comprado y por el que ha pagado y paga los correspondientes impuestos a la compra y al uso. Estas medidas, por tanto, no deberían tener efecto retroactivo”. Tras la polémica, el precio medio del litro de gasóleo se ha disparado el 4,58% esta semana reduciendo la brecha con la gasolina.
