La mayoría de los legítimos representantes de los laguneros y las laguneras, representados por todos los grupos municipales actualmente en la oposición del Ayuntamiento de La Laguna (Unid@s se puede, Partido Popular, Por Tenerife-Nueva Canarias y Ciudadanos, que suman en total 15 de los 27 concejales existentes) dieron ayer un ultimátum al minoritario equipo de gobierno para que cumpla con la legalidad vigente y acabe con las prácticas de enchufismo que llevan a cabo Coalición Canaria y lo que resta del PSOE local a cuenta del personal de confianza.
Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y en el que se exige al alcalde, José Alberto Díaz (CC), que ponga fin “de inmediato” al acaparamiento del personal de confianza que puede contratar el Ayuntamiento y que, contraviniendo la vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, llevan a cabo los coalicioneros y las dos ediles que le quedan a los socialistas en la Ciudad de los Adelantados de los cinco concejales iniciales.
Básicamente, CC y PSOE incumplen la ley al reservarse todo ese personal de confianza, todo un clásico del enchufismo que ha reactivado una posible moción de censura al unir a toda la oposición, dado el hartazgo que generan estas prácticas en partidos tan dispares ideológicamente como los citados.
Para acabar con semejante arbitrariedad, el pleno municipal celebrado el pasado día 12 aprobó una moción, gracias al respaldo de toda la oposición, para poner fin a la ilegalidad descrita.
Como quiera que el equipo de gobierno que comandan el coalicionero Díaz y la socialista Mónica Martín destaca por su nulo talante democrático, por cuanto solo ha cumplido el 2% de las mociones aprobadas por el Pleno municipal, de nuevo la oposición se unió para registrar ayer un escrito donde figura el ultimátum en el que se exige el reparto del personal de confianza en los términos que fija la legislación vigente, o sea, de forma proporcional al respaldo ciudadano obtenido en las elecciones celebradas en 2015.
Respecto a la referida reactivación de la moción de censura, la noticia de que CC pretende entregar la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña a cambio de que el PP no se sume al proyecto para desbancar a José Alberto Díaz, que anticipó DIARIO DE AVISOS, sigue generando reacciones. Ayer fue la portavoz lagunera de Ciudadanos, Teresa Berástegui, quien denunció al respecto que “Coalición Canaria (CC) intenta frenar su agonía en San Cristóbal de La Laguna a base de trampas”. En este sentido, Berástegui recordó que “el Gobierno local (CC y PSOE) es un Gobierno agónico, con nueve concejales y un mandato marcado por los escándalos”, que está intentando sobrevivir “a base de trampas y prácticas antidemocráticas”.
“El pasado lunes, todos los partidos de la oposición suspendieron al equipo de gobierno (CC y PSOE)”, declarando la necesidad manifiesta de “un cambio de Gobierno”, expuso la portavoz de Ciudadanos. Al respecto, indicó que “los nueve concejales del Gobierno local fueron reprobados por la totalidad de la oposición por su nefasta gestión de los recursos públicos”, ya que, desde el minuto uno, han centrado “su acción de gobierno en base a intereses partidistas, y no en base al interés general”.
En términos similares se manifestó ayer la portavoz insular de Sí se puede, Annabel Espinosa, quien reclamó que las instituciones canarias no sean una mercancía para las estrategias de poder de CC. A juicio de la portavoz de la organización ecosocialista, “el uso de una institución tan importante para un sector estratégico del Archipiélago como los puertos como una simple moneda de cambio para sustentar el poder de CC forma parte de una vieja política caciquil en la que todo vale con tal de mantener el poder institucional que o bien obtienen por los votos o bien compran con ofrecimientos de este tipo”.
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