La Fiscalía ha solicitado que se cite como investigada (antes imputada) a la actual directora general del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, al considerar probado que tanto ella como la entonces interventora del Ayuntamiento de La Oliva, Rita Darias Umpiérrez, falsearon datos oficiales para justificar el despido de un total de 46 trabajadores.
Así consta en un Decreto judicial dictado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas que, con fecha del pasado 27 de julio, sostiene que, según los hechos de los que tiene conocimiento el Ministerio Público gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), “se deduce la posible existencia de un delito en documento oficial” de la que ambas serían presuntas autoras, y otro de prevaricación administrativa, del que Morales sería presunta autora y Darías presunta cooperadora necesaria.
Lo sucedido, que surge a cuenta de la denuncia presentada por uno de los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que tuvo lugar cuando Morales era la alcaldesa de La Oliva.
Así, y siempre según la Fiscalía, Darías falseó un informe fechado el 10 de marzo de 2012 donde sostenía que la Corporación incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria “cuando en modo alguno se incumplía dicho objetivo [sino que]se introduce un artificiosoal efecto de aparentar un déficit económico inexistente”. A Morales se la acusa del mismo delito cuando al comunicar el ERE a los trabajadores el 11 de junio del mismo año “introdujo datos falsos a sabiendas (…) pretendiendo así aparentar una situación de déficit presupuestario que no existía”.
La Fiscalía entiende que hay un concurso medial con el delito de prevaricación administrativa, que consiste en dictar una resolución administrativa injusta a sabiendas de su injusticia.
Resta añadir que el primero de los delitos referidos se castiga con penas de prisión de tres a seis años y, en el caso del segundo, de inhabilitación entre nueve y quince años.
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