La consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife Mila Hormiga criticó ayer que “se sigan acumulando los escándalos relacionados con la gestión de Coalición Canaria y sus socios en el Cabildo Insular, pero ni un solo político haya asumido su responsabilidad”.
Hormiga realizó dichas declaraciones a DIARIO DE AVISOS tras la publicación en este periódico de las irregularidades detectadas por la Inspección de la Agencia Tributaria Canaria en relación al cobro indebido del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en una serie de facturas emitidas por Turismo de Tenerife, empresa de control público y presidida por el propio Carlos Alonso, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016.
Como consecuencia de lo acaecido, el fisco regional ha obligado a dicha empresa insular a devolver 791.000 euros, además de sancionar tales prácticas con una multa de otros 194.000 euros, a los que hay que sumar 49.000 más por mor de los intereses”.
Para la consejera de Podemos, que se ha convertido en un pilar fundamental para las tareas propias de la oposición en la Corporación tinerfeña, “esperemos que esta vez Carlos Alonso dé la cara, porque no puede ser que, una vez más, se escuden tras los funcionarios y así no responder políticamente”.
Uno tras otro
Ahondando en su tesis, Hormiga recordó que “en el Cabildo de Tenerife, lamentablemente, no salimos de una y ya nos enteramos de otra. Lo peor es que sospechamos que la mala praxis detectada ahora respecto al IGIC no sea una cuestión exclusiva de esta empresa del Cabildo, sino que también se haya repetido en las demás”. Para salir de dudas sobre esa cuestión, la consejera de la formación morada confirmó que “en la Comisión de Presidencia que se celebrará este mes solicitaremos la información pertinente y así despejar estas dudas”.
Eso sí, Mila Hormiga recalcó que “es imprescindible que los políticos respondan por estos casos, porque vamos a ser todos los ciudadanos los que paguemos la multa y los intereses en este asunto de Turismo de Tenerife y el IGIC [en total, cerca de un cuarto de millón de euros], mientras que ellos se van de rositas. Cuando algo así pasa en el sector profesional, es obvio que se dirimen las oportunas responsabilidades, algo que nunca ocurre en el Cabildo tinerfeño”. La consejera recordó que “antes de este asunto con el impuesto, ya contábamos con una larga relación de escándalos. Por citar algunos, a bote pronto recuerdo el caso Sinpromi, el de las carreteras, el de las tarjetas (también en Turismo de Tenerife), o el del Recinto Ferial, pero son unos cuantos más”.
¿Error o método?
Respecto a lo sucedido ahora en esta empresa insular con la recaudación del IGIC, los expertos consultados por este periódico han mostrado cierto estupor el hecho de que Turismo de Tenerife reclamase esas cantidades cuando, a su juicio, no hay dudas de que no tenían derecho a ello. La causa es que, si bien Turismo de Tenerife es una empresa que actúa como sujeto privado en el mercado, al objeto de esas contrataciones, al tratarse de una empresa constituida íntegramente por capital de titularidad pública, opera en ocasiones por encomienda de gestión de las administraciones públicas (en este caso el Cabildo). Cuando así sea, recuerdan los inspectores de la Agencia Tributaria Canaria en el expediente abierto por esta causa, estas operaciones no están sujetas al IGIC, tal y como se dispone en el artículo 4.1 de la Ley 20/1991 de 7 de julio.
Sanción no recurrida
Cabe recordar, tal y como informó ayer este periódico, que esta inspección se ha cerrado con la exigencia de devolución de los fondos ingresados indebidamente por Turismo de Tenerife, más la sanción y los correspondientes intereses. La empresa insular ha optado por no recurrir dicha decisión, entre otras cosas para que la infracción sea finalmente calificada como leve, y así reducir la cuantía de la correspondiente sanción.
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