Estado y Estatuto

La histérica situación política que se experimenta en el seno del Estado español en la actualidad empieza a exigir nuevas estructuras políticas que reemplacen la ordenación territorial de las denominadas nacionalidades y regiones de la España de 1978. No parece posible mantener de forma permanente unas tensiones de tal discrepancia entre el gobierno español y los gobiernos de ciertas comunidades, un desencuentro que desestabiliza no solo la convivencia política, sino el clima social y la salud económica de unos y de otros. No llega uno a entender cómo a los catalanes del Govern nada les importa la fuga de su demarcación de más de cuatro mil quinientas empresas y la correspondiente destrucción de puestos de trabajo. Tampoco parece de recibo que el Gobierno de Sánchez intente congraciarse con la rebelión catalana a base de inyectar financiación extra que no se justifica ante el resto de las comunidades.

En ese contexto de inestabilidad estatal, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias viene a reconocer unas competencias a nuestras instituciones que, aunque muchos han celebrado con cierta embriaguez, no hacen sino hacernos equivalentes a otros territorios como Euskadi, Cataluña, Galicia…

En ese ámbito competencial, son muchas las que reiteran las ya contenidas en el Estatuto anterior y menos las que no habían sido incluidas con anterioridad: Relaciones con entidades religiosas, Protección de datos, Inmigración, Sistema penitenciario y Ordenación y gestión del litoral, según nos relató en una conferencia muy didáctica el catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Francisco Villar Rojas, en la activa agenda de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife impulsada por el ex rector José Carlos Alberto Bethencourt y sus colaboradores.

En cuanto al también celebrado catálogo de nuevos derechos y deberes, tampoco parece aportar nada a lo ya incluido en la actual normativa estatal y autonómica.

Quedan fuera de esas competencias las que el Estado sigue reservándose sobre autorización de extracciones en el ámbito marítimo, asunto que hace unos años produjo una crisis aún no olvidada. También se dan, según el doctor Villar Rojas, competencias que nada aportan, como las correspondientes a Contratación pública, Transportes, Infraestructuras de transporte de interés general, y otras que quedan algo escasas, como es Costas. Y otras simplemente suprimidas: el Deslinde de servidumbres y Comunicaciones electrónicas.

Según las conclusiones a las que llega Villar Rojas, la reforma del Estatuto no es una revolución, como algunos invocan, y en ella quedan cuestiones pendientes como transportes, infraestructuras y comunicaciones, por no citar otras aspiraciones que se quedaron en el largo camino de tramitación del texto de esta norma institucional básica de nuestra Comunidad.

Injusto sería por nuestra parte no reconocer avances en nuestra calidad de autogobierno contemplados en el texto recién aprobado, como la incardinación del Régimen Económico y Fiscal, la separación de los fondos del REF del sistema de financiación autonómica general, la condición de ultraperifericidad proveniente del Tratado de Funcionamiento de la UE ahora trasladada al Estado al que pertenecemos y las ventajas que acarrea, o no valorar instrumentos como el Decreto-Ley…

Pero el nacionalismo canario no puede quedarse en lo ahora conseguido, como el mismo portavoz parlamentario de CC-PNC, José Miguel Ruano León, ha reconocido en apariciones mediáticas diversas. Desde el PNC seguimos pensando en la necesidad de delimitar definitivamente la mediana con Marruecos para clarificar cuestiones como explotación del subsuelo, pesca, uso y control de nuestros corredores marítimos… En redimensionar un crecimiento económico sin rumbo que no hay que confundir nunca con un desarrollo económico armónico, capaz de organizar y transformar nuestras actividades productivas. En alentar campañas desde la Consejería de Hacienda del Gobierno autónomo para que las grandes empresas que operan en Canarias en sectores como el hotelero, bancario, asegurador…, que hoy se benefician de nuestras ventajas del REF, trasladen sus domicilios sociales y fiscales a Canarias. Que se tribute allí donde se obtienen los beneficios. En fortalecer una defensa del trabajador nativo y residente de larga duración, así como de la clase empresarial canaria, frente a la indiscriminada contratación de foráneos o la sobreexplotación de nuestras fuentes de riqueza y la salida al exterior de los beneficios correspondientes. En seguir meditando sobre la implantación de una ecotasa, un impuesto hoy extendido por todos los destinos turísticos estables y aplicado a la recuperación de cascos históricos y entornos medioambientales en ámbitos turísticos. En frenar la precariedad de muchos trabajadores rebotados por las crisis o víctimas imparables del proceso tecnológico a través de una renta básica o de una perfeccionada Prestación Canaria de Inserción que desahogue, sin intermitencias indeseadas, economías familiares hoy en proceso imparable de destrucción. En prestar atención a sectores productivos nuevos, como la economía azul, la economía circular… En seguir incrementando sin descanso la sostenibilidad alimenticia del Archipiélago, un trabajo en el que hoy se persevera desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y en el que hay que seguir insistiendo. En otorgar especial atención al informe del Parlamento Europeo respecto al balance y a la futura estrategia con Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas (RUP), elaborado y defendido en 2008 por la eurodiputada francesa del Partido Popular Europeo (PPE) Margie Sudre, donde se planteaba que la futura política común de inmigración prestara -y así ha sido aceptado ahora por la Comisión Europea, en su Estrategia renovada en asociación con las RUP, presentada en la XXII Conferencia de presidentes de las RUP, celebrada en Cayena los días 26 y 27 de octubre de 2017- una atención especial a la situación de estas regiones particulares que son “fronteras exteriores de la Unión Europea” y se encuentran “rodeadas de terceros países menos favorecidos”. Circunstancia que conlleva que estén “sometidas a una presión migratoria muy fuerte que, añadida a un crecimiento demográfico a menudo muy superior a la media comunitaria, provoca tensiones económicas y sociales preocupantes”, sin referirse a lo que puede suponer, en el caso de Canarias, la recepción de dieciséis millones de turistas anuales. En enfrentar con sensatez el debate de la vivienda vacacional para no convertir a toda Canarias en un macrohotel donde los usos residenciales y turísticos lleguen a confundirse definitivamente con el peligro de dañar de modo irreversible nuestros estándares de vida.

Queda mucho por hacer todavía en Canarias, la comunidad autónoma más excepcional de las diecisiete de un Estado que, como dijimos al principio, atraviesa una de las mayores y más graves situaciones de interinidad desde la aprobación de la Constitución española en 1978. ¿Qué sucederá con Canarias si ese Estado transforma sus estructuras políticas actuales?

*Presidente del PNC y diputado del grupo parlamentario CC-PNC