Pese al reiterado mensaje enviado por los responsables políticos rogándoles tranquilidad, lo cierto es que la indignación creció ayer notablemente entre los vecinos del santacrucero barrio de Añaza, conmocionado desde que DIARIO DE AVISOS informó del posible desahucio colectivo de unas 80 familias que viven en dos bloques de viviendas sociales situados entre la avenida de Bentacayse y la calle de La Coruja.
Ese aumento en la crispación vecinal se comprobó, sin dejar resquicio alguno a la duda, en la nueva concentración celebrada por los afectados en la tarde de ayer en una plaza existente frente a dichos inmuebles, identificados como los bloques I-6 e I-7. Si a la primera cita, acaecida el pasado jueves en el mismo lugar, acudieron cerca de medio centenar de vecinos, ayer fueron entre 70 y 80 los que hicieron acto de presencia, unos para interesarse de primera mano sobre este posible desalojo masivo, otros para mostrar su apoyo a las familias afectadas en tan delicado trance. Incluso, hubo hasta representación de un colectivo del lagunero barrio de San Matías que ha padecido una situación similar.
DIARIO DE AVISOS fue testigo directo de que el tono de los intervinientes en la asamblea de ayer subió notablemente en intensidad, a tal punto que dos concejales presentes en el lugar, el de Servicios Sociales (Óscar García, del PP) y la de Vivienda (Carmen Delia Alberto, de CC) escucharon personalmente cómo varias vecinas (la gran mayoría de los asistentes fueron, de nuevo, mujeres) les expresaban su enorme enfado y la preocupación que les embarga, tanto por el miedo a perder sus hogares como por la desatención que padecen en este popular barrio del suroeste capitalino.
Como recordará el lector, fueron algunos afectados los primeros en dar la voz de alarma tras comprobar que sus intentos para renovar el alquiler de su piso se topaba con una negativa tajante que, eso sí, nunca se ha ratificado por escrito, más allá de un folio que alguien pegó en la entrada de ambos bloques donde se anunciaba que ya no se iba a prorrogar ni un solo contrato de alquiler más.
Por si fuera poco el lógico temor de estas familias a quedarse sin el techo que hoy les cobijo, ayer aumentaron las sospechas de que el fondo de inversión controlado por el banco Santander al que se había traspasado la propiedad de estos dos bloques de viviendas protegidas ha vendido ya los mismos, El comprador no podía ser más temible, ya que El Confidencial desveló hace unos días que la entidad financiera tiene prácticamente cerrado un acuerdo con el ‘fondo buitre’ Cerberus para venderle la última cartera de ladrillo tóxico que aún tiene en su balance, y que fue la consecuencia de las numerosas quiebras acaecidas en el sector de los promotores inmobiliarios privados durante los primeros años de la crisis.
Ninguna de las fuentes consultadas ayer por este periódico contaba con la información suficiente como para desmentir oficialmente esta posible venta a Cerberus de unas propiedades donde estan incluidos los dos bloques del barrio de Añaza.
Tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como en el Gobierno de Canarias se repiten las llamadas a la tranquilidad y las promesas de que defenderán a los afectados hasta el final, así como que nadie puede echarles de sus viviendas sin pasar por el proceso marcado legalmente a tal fin. En todo ello insistieron los citados concejales Carmen Delia Alberto y Óscar García y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León.
Pero sus palabras no bastan, como es lógico, para ahuyentar el miedo que hoy anida en las mentes de estas 80 familias.
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