El alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Pau Marí-Klose, aseguró ayer en La Laguna que “luchar contra la desigualdad y la pobreza reclama enfoques políticos amplios y trasversales”, y que “no es fácil su aplicación”, pese a que existen muchas recetas ideológicas y técnicas. Lo menos productivo para la sociedad es “ignorar este problema”, pues la “desigualdad y la pobreza tienen muchas caras y no solo conciernen a los que se encuentran en los segmentos más vulnerables”. El primer reto que se debe asumir es “dar a conocer el problema y visibilizarlo, pues la sociedad no ha entendido su gran importancia”.
Durante las Jornadas sobre Pobreza, Desigualdad y Asuntos Sociales, organizadas por el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza (Cedesog) de la Universidad de La Laguna y el Comisionado de Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Marí-Klose consideró que “no basta con destinar partidas presupuestarias específicas” para paliar la situación de personas con pocos recursos, sino que también es necesario “implementar medidas en múltiples ámbitos, como educación, salud o energía para tratar de acortar la brecha entre las personas con menos recursos y las más pudientes”.
Para Marí-Klose, los resultados de invertir en erradicar la pobreza y la vulnerabilidad “tardarán entre 10 o 15 años en verse, más allá de un ciclo electoral”, por lo que los líderes políticos deben “tener determinación”, entender que “no todo es electoralismo” y hay que “comprometerse, a pesar de que no recompensen a corto plazo. “Es necesario una amplitud de miras que vaya más allá del politiqueo cotidiano actual”, reiteró.
Enumeró en su exposición cinco consideraciones importantes: vivir en una sociedad económicamente desigual hace que no todas las personas disfruten de las mismas oportunidades, por lo que algunos son relegados; ser pobre tiene desventajas y afecta al día a día de las personas, pues valoran más negativamente su vida, se declaran más infelices e incluso no son capaces de tomar decisiones óptimas; que ocupar posiciones elevadas en la escala social puede tener efectos perniciosos como la falta de empatía y otros comportamientos poco éticos como la corrupción; que las sociedades desiguales provocan resultados socialmente indeseables, como el mayor número de homicidios e internos en las cárceles; y que la desigualdad tiene efectos indeseables como el ascenso de los populismos de extrema derecha o izquieda, la desconfianza política y en las instituciones, el aumento del pesimismo respecto al futuro y el conformismo ante la situación.
Marí-Klose afirmó que “los niños que nacen en entornos acomodados tienen menos riesgos de salud, porque las madres gestantes de entornos desfavorecidos pueden cuidarse menos y tienen menor supervisión médica”. Además, las desventajas también generan problemas como “la obesidad, el sobrepeso, enfermedades mentales y dificultades emocionales”.
Enumeró diversos estudios que inciden en que la pobreza “pasa factura en el desarrollo cerebral y cognitivo y de relaciones sociales” en las primeras etapas de la infancia. “Los niños pobres llegan con menos habilidades a la enseñanza obligatoria y eso condiciona su capacidad para aprender, por lo que las brechas seguirán incrementándose”. Reveló que un estudio en España demuestra que los estudiantes de entornos más desfavorecidos “repiten 6,2 veces más” que los más acomodados, lo que se traduce en “mayores tasas de abandono escolar temprano”, mayores dificultades para realizar en estudios universitarios y “menores expectativas y ambición en la vida”.
En cuanto a la desigualdad de la educación en las diferentes comunidades autónomas, Marí-Klose incidió en la intervención en las escuelas infantiles en la etapa de 1-3 años pues “producen efectos positivos para corregir las desventajas cognitivas de los estudiantes de entornos desfavorecidos” y afirmó que en los nuevos Presupuestos Generales del Estado “habrá una partida de 300 millones para desarrollar la escuela de 0-3 años”, pero para ello debe garantizarse “la calidad y criterio educativo”, para que los niños de entornos desfavorecidos lleguen a la enseñanza obligatoria “en igualdad de condiciones” sin la brecha actual. Para el alto comisionado “todos esos caminos avanzan hacia la universalidad de la educación desde los 0-18 años”, pero entendió que “no puede ser una licencia para crear centros donde, simplemente, se ‘aparque’ a los niños mientras los padres trabajan”.
El alto comisionado reconoció que “se han experimentando transformaciones muy importantes de forma inusitada, y adaptar las políticas del Estado del bienestar es muy difícil. La maquinaria del Estado no se ha adaptado a los nuevos riesgos sociales a la velocidad que es necesaria para que los desajustes no produzcan sufrimiento, y necesidades que no están cubiertas”. “Nos enfrentamos a nuevas realidades y no hemos sido capaces de arbitrar respuestas”, enfatizó. Puso como ejemplo la precariedad y la pobreza laboral. “Tenemos muchos familias en la pobreza donde trabajan uno e incluso los dos padres, y la tasa de pobreza en hogares con niños donde trabajan los dos progenitores es del 7%, lo que demuestra que lo hacen de forma precaria, con vinculaciones frágiles, intermitentes y que no pueden consolidar derechos sociales como la prestación o el subsidio por desempleo”. También incidió como un grave problema el “cambio drástico de las estructuras familiares, con muchos hogares monoparentales, que son muy vulnerables frente a la pobreza”.
Para el alto comisionado, el Estado tiene que “adaptarse a través de nuevos instrumentos de política” que pasarían por “garantizar los ingresos mínimos a la población en adversidad” pues en un contexto económico tan volátil como el actual, “todos estamos expuestos a quedarnos a la intemperie en algún momento”, como aquellas familias de clase media antes de la crisis que no tenían ninguna expectativa de quedarse en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En el debate sobre la renta básica, aseguró que “el Gobierno tratará de impulsar el Ingreso Mínimo Vital, para que todos los individuos tengan una garantía de renta independientemente de donde residan”, pues actualmente hay “diferencias brutales” en cuanto a las rentas y las coberturas entre las Comunidades Autónomas. Pero no será fácil, “pues los recursos son limitados y hay mucha resistencia por parte de los partidos políticos y los segmentos de la población que representan a aumentar los recursos disponibles”. Implantar la renta básica “exigiría una reforma fiscal de gran calado”, un incremento de la presión fiscal que consideró posiblemente “inviable actualmente” y tampoco a corto plazo, por lo que es utópico que España pueda llegar a la media europea del 43% de la riqueza para administrarla en políticas de bienestar y otras políticas públicas (actualmente está en el 38%).
Ante este hecho planteó “caminar en mejorar programas de garantías de rentas”. Por ejemplo, en la negociación de los próximos Presupuestos del Estado, el PSOE y Podemos han implementado “la prestación de hijos a cargo, con la idea de avanzar hacia una Renta de Infancia, que tendrá probablemente más ‘entrada’ que la Renta Básica”, a corto plazo”.
Otra propuesta para avanzar hacia la renta básica en la que se trabaja desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería un “impuesto negativo”, para que aquellas rentas que no lleguen a un nivel de ingresos “puedan recibirlos a través del sistema fiscal”, pero insistió en que los planteamientos “más valientes y atrevidos de renta básica universal” le parecen “más ejercicios teóricos que propuestas a corto plazo”.
Canarias liderará un proyecto en la Macaronesia
Además del alto comisionado nacional estuvo presente el comisionado de Canarias, Santiago Rodríguez, que afirmó que no podemos permitir que se “caigan por las rendijas del sistema los miembros más vulnerables de nuestra sociedad”. Destacó la gran relación con las dos Universidades públicas de Canarias, y desveló que trabajan a nivel europeo para un “liderar los proyectos que se desarrollan en Canarias en toda la Macaronesia”. Recalcó, al igual que Mari-Klose, la importancia de “informar, concienciar y sensibilizar a la sociedad en materia de desigualdad y pobreza. No podemos mirar a otro lado y que esa situación se cronifique”.
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