Los vecinos del barrio de Añaza afectados por la amenaza de desahucios masivos acudirán hoy, a las 10.00 horas, a los juzgados de Santa Cruz, con la intención de denunciar ante la Fiscalía provincial los “abusos e irregularidades” que el fondo de inversiones Luri 6, antes Santander Banif, perteneciente al Banco Santander, comete al confirmar, desde su Gabinete de Comunicación Global, la venta de las viviendas de protección oficial (VPO), de régimen especial, sitas en las parcelas 17 y 18 de la calle La Coruja, en la capital tinerfeña. Así lo avanza la activista social Inma Évora y representantes vecinales, que solicitan el apoyo civil y de los medios de comunicación.
Detallan que, “pese a los intentos de diálogo de las diferentes administraciones públicas, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo y Gobierno de Canarias, para aclarar esta situación, paralizar los desahucios de las familias afectadas y negociar un acuerdo que impida que el supuesto nuevo propietario de los inmuebles, el fondo buitre americano Cerberus, vinculado a José María Aznar Botella, hijo del expresidente Aznar y Ana Botella, desahucie a las 358 familias afectadas por la venta irregular de estos denominados activos tóxicos”, lo cierto es que la amenaza permanece latente.
Los vecinos afectados comenzaron a recibir llamadas comunicándoles que no se les renovaría el alquiler debido a la venta del edificio. El malestar de los residentes se dirige contra la entidad financiera y tiene su razón de ser en varias de estas llamadas a familias afectadas en las que se anunciaba la intención de no renovar sus alquileres y en un cartel con el mismo mensaje que, durante dos días hace dos semanas, fue colocado a la entrada de dos de los bloques de estas promociones inmobiliarias en Añaza. Precisamente, fueron esas llamadas y el cartel lo que alertó a los vecinos de lo que se les podía venir encima, pero el caso es mucho más complejo, dado que a la no renovación de alquileres hay que sumar los supuestos de ocupación habitacional y de impagos que tienen lugar en esas 358 familias, de las que aproximadamente el 70% son usuarias de los servicios sociales.
Otros vecinos directamente recibieron las comunicaciones del juzgado para proceder a su desahucio. Ante la voz de alarma dada por los vecinos, el Ayuntamiento de Santa Cruz intervino y ha conseguido que, de momento, dos juzgados de la capital hayan aplazado los primeros desahucios previstos para este mes en las viviendas de protección oficial existentes en Añaza. Los desahucios inminentes en principio eran cinco, de los cuales este mismo mes se han paralizado dos.
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