Coalición Canaria (CC) no está dispuesta a presentarse a las elecciones previstas para el próximo mes de mayo con su candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, imputado por un caso como el de las grúas, que trata sobre delitos relacionados con la corrupción, y para ello ha sacado toda su artillería. La ha dirigido, nada menos, contra la Fiscalía General de Canarias, a la que el propio mandatario regional no ha dudó en acusar ayer de “retardo malicioso” y de estar “vulnerando mis derechos”.
Por si fuera poco para un solo día, también fue ayer el elegido por el secretario general de Coalición Canaria y consejero regional de Justicia, José Miguel Barragán, quien ha insinuado que la Fiscalía acusó en su día a Clavijo y ahora se retrasa obedeciendo a instrucciones que habrían partido desde el mismísimo Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).
Todo ello, en el afán de Coalición Canaria de que Clavijo no pierda sus privilegios como aforado y sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que determine ahora el sobreseimiento de toda la causa, antes de que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la reforma del Estatuto de Autonomía (prevista para estos días) termine con el citado aforamiento y se devuelvan las diligencias al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, donde tanto la jueza titular como el fiscal asignado al caso ya se han pronunciado a favor de que Clavijo sea declarado como imputado (anteriormente investigado).
En concreto, el hoy presidente regional considera que la forma de actuar del Ministerio Fiscal en este asunto no es la adecuada, porque entiende que no se están protegiendo sus derechos como ciudadano, sobre todo cuando se vulneran los plazos y no se informa debidamente o cuando se cambia de criterio sin que medie ningún tipo de actuación o diligencia. Clavijo también sostuvo que si hasta ahora no había hecho ninguna acción o pronunciamiento era porque su prioridad era que se aprobase el Estatuto de Autonomía; “sin embargo, una vez aprobado y al igual que el resto de los ciudadanos, si veo que hay una actuación injusta o que se están vulnerando mis derechos, lo denuncio con total tranquilidad”, remarcó.
Por su parte, Barragán tildó de “curioso” que el cambio de posición de la Fiscalía “se haya dado después de que hubiera un cambio en el Gobierno del Estado y que este retraso se vuelva a dar ahora”. “Espero que no haya ninguna coincidencia. Más me preocupa que haya una acción de retrasar este tema sine die hasta que se apruebe el Estatuto de Autonomía y que esa haya sido la operatividad durante todo este tiempo para no tener que emitir ese informe por parte de la Fiscalía”, añadió.
Infundios
Sorprendentemente, José Miguel Barragán insistió mucho en lo que llamó “rumor insistente”, según el cual la Fiscalía del TSJC tiene su informe sobre Clavijo confeccionado desde el pasado mes de abril, pero el PSOE no llegó al Gobierno de España hasta agosto pasado y el juzgado lagunero no envió su exposición razonada al TSJC hasta el pasado septiembre. También llama la atención poderosamente que desde CC se siga sosteniendo que el fiscal lagunero cambió de parecer “sin mediar ningún tipo de actuación o diligencia”, por cuanto desde su primer informe donde exoneraba a Clavijo hasta el segundo, donde lo imputa, se practicaron un sinfín de actuaciones, entre ellas la declaración de otro imputado, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, quien apuntó directamente hacia Clavijo como responsable de haber firmado dos de los tres decretos con los que se aprobaron el préstamo de 120.000 euros a la concesionaria de las grúas y se les prorrogó el contrato, a pesar de que había motivos legales para retirar la concesión, dado los graves incumplimientos cometidos por la empresa, entonces controlada por unos empresarios que, en su mayoría, han reconocido vínculos personales de algún tipo con el propio Fernando Clavijo.
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