La duración del proceso del llamado caso Grúas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se encuentra, por ahora, perfectamente encuadrable dentro de la demora media anual de este tipo de procedimientos en el alto tribunal regional, que en 2017 fue de nueve meses, intervalo temporal que también sirve, aproximadamente, como media de los últimos 10 años.
Así se desprende de la estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales publicada ayer martes por el Consejo General del Poder Judicial en su página web.
Basta con acudir al capítulo reservado para el TSJC y consultar en el apartado correcto, que es el nominado como Causas penales reservadas por estatutos de autonomía, como es el de las grúas dada la condición de aforamiento de Clavijo, que ha desaparecido tras la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía, pero que fue el motivo por el que el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna interrumpió la práctica de sus diligencias y elevó una exposición motivada a la Sala de lo Penal del TSJC ante los indicios de criminalidad detectados y que son considerados como suficientes como para proseguir con la investigación judicial de Clavijo.
Tras un intento fallido, dicha exposición motivada llegó finalmente a la referida Sala de lo Penal a finales de agosto pasado, considerándose ingresado el asunto en el TSJC desde primeros de septiembre pasado. Es decir, apenas se han superado los dos meses de duración del proceso, cuando las medias anuales de este tipo de casos en el TSJC es de nueve meses en 2017. En el último decenio, tal demora llegó a ser de 20 meses en 2014, mientras que la media más baja se computó en 2011, cuando fue de cuatro meses.
Como recordará el lector, tanto Clavijo como el secretario general de Coalición Canaria y consejero de Justicia autonómico, José Miguel Barragán, se han quejado públicamente sobre el retraso de la Fiscalia de la Comunidad Autónoma en informar al respecto, y del que llegaron a insinuar que era “malicioso”.
Sin embargo, el informe (que devuelve el caso al juzgado lagunero, como preveían todo los especialistas consultados por DIARIO DE AVISOS) ya ha sido entregado y se espera que la Sala de lo Penal del TSJC se sume a la tesis del fiscal en breve, a tal punto que no se descarta que sea esta misma semana. Si así fuera, la duración del procedimiento en el TSJC apenas llegaría a los tres meses, un tercio de la media del año pasado y del último decenio.
En caso de que, como se espera, el caso Grúas retorne al juzgado de la Ciudad de los Adelantados, cabe presumir que Clavijo sea llamado a declarar como imputado (ahora investigado), tal y como consideran la jueza y el fiscal lagunero en su exposición motivada al TSJC.
Por el caso Grúas ya han sido imputados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el también edil coalicionero Antonio Pérez Godiño. Una de las acusaciones populares ha solicitado, además, la imputación de la exdirectora municipal de Seguridad, Rosario García, ahora en el Gobierno de Canarias.
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