“No sé si los hidrantes funcionaron bien o no, pero lo único cierto es que si funcionaron mal durante el incendio del lunes en el Polígono no es una responsabilidad del Ayuntamiento, sino de la empresa Tagua, concesionaria del servicio”, afirma la secretaria del Ayuntamiento de Güímar, Marisa Santos.
La habilitada nacional, así como la alcaldesa Luisa Castro, recuerdan que en la recepción del Polígono Industrial Valle de Güímar por parte de los tres ayuntamientos de la comarca, en julio de 2013, quedó fuera el servicio del agua, que la asociación de propietarios y empresarios querían seguir manteniendo con el operador Tagua.
En el acuerdo de recepción, en el apartado de distribución del agua en el Polígono, y en lo referente a mantenimiento se dice literalmente “maniobra periódica, verificación y reparación de averías en grifos, válvulas, bocas de incendio, de lavado, de riego, cámara de descarga, aliviaderos y cualquier otro elemento o dispositivo existente en el servicio que permita un correcto y continuo funcionamiento del mismo”.
Desde Tagua se trasladó a la alcaldesa que una vez enterados del incendio se reforzaron las bocas de incendio de la zona afectada, pero sin embargo, desde las nueve hasta la medianoche en la que se estuvo combatiendo el fuego, los bomberos tuvieron que llenar los tres camiones nodriza en otros hidrantes más alejados, concretamente cerca de la rotonda que enlaza la TF-1 con el Polígono en suelo de Arafo. Así lo manifestó el propio jefe de los Bomberos Voluntarios de Güímar, Francisco Pérez, en DIARIO DE AVISOS, algo que también pudo comprobar in situ este periódico.
Polémica con el pozo
Tal y como recogía el acuerdo de recepción de 2013, la cesión del pozo Chiguengue (se calcula que da unos beneficios de 800.000 euros anuales) a los tres ayuntamientos, pasado los dos años de prórroga, no se ha consumado, por lo que la secretaria municipal de Güímar anuncia un contencioso para resolver el recurso presentado por Tagua, quien teme quedarse sin la concesión que mantiene con la Asociación Mixta de 150.000 euros anuales, al poder los ayuntamientos licitar el servicio, que ahora los tres consistorios lo tienen con la empresa Aqualia.