caso grúas- la laguna

Piden otra vez al presidente del TSJC que se abstenga en el caso Grúas

La acusación popular que impulsa Unid@s se puede argumenta un presunto “interés indirecto en la causa” y “enemistad íntima” de Antonio Doreste hacia el abogado de la formación morada, Fernández Arcila

El abogado de Unid@s se puede en el caso Grúas y concejal de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila. DA

La acusación popular que impulsa el grupo municipal lagunero Unid@s se puede en el llamado caso Grúas ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar que uno de sus miembros, el magistrado Antonio Doreste (a su vez el presidente del propio TSJC), se abstenga de intervenir en la resolución de los recursos de súplica presentados por los dos imputados en este caso (José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, ambos de Coalición Canaria) y por el hoy presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, también de Coalición.

Para argumentar tal solicitud, que se produce tras una petición de recusación de Doreste por el mismo grupo y que fue rechazada, sus representantes legales se basan en dos argumentos que son causas previstas a tal fin en el artículo 219 de La Ley Orgánica del Poder Judicial: un presunto “interés indirecto” en la causa y “enemistad íntima” con el abogado que representa a Unid@s se puede, el también concejal de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife Pedro Fernández Arcila.

Respecto al interés indirecto, en el escrito presentado ayer ante el TSJC se alude a que este concepto legal “abarca no solo la falta de imparcialidad objetiva y subjetiva del magistrado recusado, sino que la primera de ellas incluye necesariamente la apariencia de parcialidad que pueda proyectarse a la sociedad de forma objetivamente justificada, porque está en juego la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”.

Sobre esa posible falta de apariencia de imparcialidad, en el escrito se recuerda que Antonio Doreste fue nombrado en 1990 consejero de Industria del Gobierno de Canarias por las AIC (formación de la que luego surgió CC), así como fue miembro del Consejo Consultivo a propuesta de los coalicioneros.

También se transcribe una conversación telefónica de Doreste con el juez Alba, ahora apartado de sus funciones tras ser encausado por varios delitos de presunta corrupción, en la que el presidente del TSJC presuntamente se inmiscuye en otros procedimientos abiertos, y se destaca una nota de prensa del TSJC en la que se recoge lo siguiente: “El presidente exigió que no demorara más el informe del Ministerio Fiscal ante la inminente entrada en vigor de la Ley Orgánica que promulga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con los aforamientos de los miembros del Gobierno y parlamentarios”, un argumento que no figura en los recursos de los dos imputados ni en el de Fernando Clavijo.

Sobre la posible enemistad íntima entre Antonio Doreste y Pedro Fernández Arcila, el letrado recuerda que, a raíz de la conversación grabada por Alba anteriormente mencionada, “formuló en junio del presente año denuncia ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra el ahora magistrado que se recusa, por considerar que el entonces denunciado, ahora recusado por esta parte, podría haber incurrido en la presunta comisión de faltas disciplinarias graves y/o muy graves”.