Tribunales

Piden que se rechace el intento de Clavijo de mantener su privilegio en el caso Grúas

Las acusaciones populares, impulsadas por Unid@s se puede y XTF-NC, solicitan al TSJC que se denieguen los recursos del presidente y los imputados José Alberto Díaz y Pérez Godiño (CC)

Sede del TSJC en Las Palmas de Gran Canaria. DA

Las acusaciones populares impulsadas desde los grupos municipales laguneros Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sendos escritos donde se solicita que se rechacen los recursos dirigidos a que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantenga su privilegio como aforado en el llamado caso Grúas, y, en consecuencia, sea el alto tribunal regional el que decida sobre este asunto, que versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción: malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Los escritos de estas acusaciones tienen como referencia los recursos de súplica presentados por el propio Clavijo y sus dos compañeros de partido (Coalición Canaria) ya imputados por esta causa: el hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el concejal del mismo grupo Antonio Pérez Godiño.

En los recursos de súplica de los tres coalicioneros se solicita que sea el TSJC el que entienda sobre estas diligencias previas y las archive, algo a lo que se oponen tanto la Sala de lo Penal del propio TSJC como la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, ambas partidarias de que estas diligencias retornen al juzgado de origen, que es el de Instrucción Número 2 de La Laguna.

Esta decisión de respetar la jurisdicción original se basa en un argumento difícilmente cuestionable, por cuanto lo único que ligaba el caso Grúas con el TSJC era el aforamiento de Clavijo, un privilegio que han perdido todos los diputados autonómicos canarios al ser suprimido con la entrada en vigor de la reciente reforma del Estatuto de Autonomía.

Como no podía ser de otra manera, este es uno de los argumentos expuestos en los escritos presentados por las acusaciones populares de los grupos liderados por Rubens Ascanio (Unid@s se puede) y Santiago Pérez (Por Tenerife-Nueva Canarias), pero también se apuntan otras razones a favor de que se materialice el retorno del caso al juzgado lagunero.

Entre ellas, resulta de especial interés el recordatorio realizado a la Sala de lo Penal de que, en sus recursos de súplica, los dos encausados y Clavijo (aún no tiene la consideración de imputado en estas diligencias) aluden a un reciente informe del Consejo de Estado que ha sido mutilado convenientemente para sus intereses, por cuanto omiten una de sus conclusiones que reza así: “En todo caso, no parece necesario -ni conveniente- introducir previsión alguna en este punto, lo que permitirá aplicar las reglas habituales en estos casos (como también aprovechar la jurisprudencia ya existente en relación con casos que pudieran suscitar alguna duda)”.

Con dicho párrafo, el Consejo de Estado concluye que, en casos como el de Clavijo, se debe aplicar la doctrina impulsada por el Tribunal Supremo a este respecto, según la cual, desaparecido el aforamiento, las diligencias deben volver al juzgado de origen salvo que ya se haya declarado la apertura del juicio oral, lo cual dista mucho de estar siquiera próximo.

“En la apertura del juicio oral es cuando se fija definitivamente la competencia”

La doctrina del Tribunal Supremo sobre casos como el del presidente regional, Fernando Clavijo, y las dudas acerca de quién debe decidir sobre su participación en el llamado caso Grúas, está fijada con nitidez en un acuerdo de su pleno celebrado el 2 de diciembre de 2014, donde se establece: “En las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Como es sabido, la apertura de juicio oral es el momento que finaliza la investigación judicial propiamente dicha (fase de instrucción), algo aún lejano en estas diligencias previas.

En el escrito de Unid@s se puede se recuerda que tal doctrina tiene además el refrendo de tantas sentencias posteriores que se le considera como un criterio claramente consolidado.