Pino de León: “Estoy convencida de que los 25 millones de euros del convenio se han utilizado para Las Chumberas”

Este viernes se celebrará en Madrid la enésima Comisión de Seguimiento del Convenio de Las Chumberas. En ella se prevé sacar en claro la fórmula jurídica para que continúe vigente el acuerdo entre las cuatro administraciones implicadas: Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. DIARIO DE AVISOS, quiso conocer ayer, a través de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, algo más sobre la propuesta que le presentarán las instituciones locales al Ministerio de Fomento para encajar, legalmente, la situación de Las Chumberas. Han pasado ocho años de papeles desde 2011y con 25 millones de euros, supuestamente, en los fondos municipales, sin haberse movido una piedra.

-¿Con qué argumentos acuden las administraciones canarias este viernes a la Comisión de Seguimiento de Las Chumberas?
“El pasado viernes mantuvimos una reunión técnica en Presidencia para preparar la Comisión de Seguimiento e ir con una posición lo más homogénea posible por parte de las tres administraciones canarias. En la última Comisión, la del 29 de enero, conocimos el informe de la Abogacía del Estado donde se analiza en qué punto nos encontramos y se dan dos posibles alternativas para reconducir la situación. Hay que dejar claro que todas las administraciones estamos intentando encontrar la solución a Las Chumberas y lo que estamos es buscando la herramienta para darle cobertura legal en los convenios. Hay que reconducir los tres convenios firmados: 2011, 2015 y 2016, para que le dé cobertura a las actuaciones que se están haciendo”.

-El Ayuntamiento de La Laguna siempre ha apostado más por una prórroga del anterior convenio, que por uno nuevo. ¿Me podría decir con qué estrategia acudirán a Madrid?
“El objetivo del Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento es buscar una solución jurídica, por supuesto, legal, a la voluntad política que es resolver el problema de Las Chumberas lo antes posible. Las actuaciones para conseguir la reurbanización de Las Chumberas, que es lo que queremos ver todos, es inminente. Ya el Ayuntamiento está preparado porque ha llevado a cabo el proceso de expropiación forzosa, que es un proceso muy costoso y también ha adjudicado la obra de demolición, reurbanización y edificación. Estamos esperando todos para resolver este tema para ver lo que todos queremos de una vez por todas. Los técnicos y juristas están analizando todas las alternativas, incluidas las dos que nos ha propuesto el Ministerio”.

-No me ha respondido. ¿Le parecen buenas opciones las que ha planteado el Ministerio?
“Desde la Abogacía del Estado nos han planteado dos opciones: una norma con rango de ley, que autorizara a seguir la actuación de Las Chumberas y lo otro, es un acuerdo transaccional. Desde el Gobierno, nos parecen bien las dos opciones, en el sentido de que sea lo más rápido para resolver la situación. Las cuatro administraciones tenemos que dejar a Las Chumberas fuera del debate político electoral. No hay que ir de manera independiente para darle titulares a los medios, sino, conjuntamente, las cuatro administraciones con voluntad firme de decir esto se hace de esta forma y lo resolvemos en dos meses”.

-¿Lo dice usted por la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE)?
“No le voy a decir nombres, pero sí señalo a aquellas personas que tienen la tentación de ir por libres cuando estamos todos sentados en una Comisión de Seguimiento, que es el cauce lógico, apropiado y legal para resolver la situación de Las Chumberas”.

-Hablando de legalidad, ¿considera legal el concurso público condicionado que ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna para Las Chumberas?
“No sé si es legal, pero en Derecho están las adjudicaciones condicionadas. Creo que el Ayuntamiento ha hecho un gran trabajo, a pesar de que es una labor que no se ve, porque todos queremos ver las palas trabajando. Lo que no sabe la gente es que para llegar a eso, hay que hacer unas actuaciones previas. Las modificaciones de planeamiento y los procedimientos de expropiación son muy complejos, pero necesarios, para llegar al punto en el que estamos ahora. Es una manera de ir trabajando en paralelo, ese concurso condicionado y la ley nos permite hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer? Es una manera de adelantar los plazos”.

-¿Dónde están los 25 millones de Las Chumberas? La oposición en La Laguna cree los fondos se han utilizado para otros fines.
“Claramente, en el Ayuntamiento. La oposición también son concejales y pueden solicitar la información”.

-Llevan un año pidiéndolas.
“La documentación, no. Pero sí las certificaciones de que los fondos están en el Ayuntamiento”.

-Tampoco se las han dado.
“En los temas municipales no me meto, pero sí que es verdad que si se necesita esa acreditación, yo, desde luego, no la necesito. Además, el dinero es finalista. El dinero es para Las Chumberas. Dentro de la administración, de la gestión pública, del gasto, no se pueden destinar dineros que tienen una finalidad, no se pueden destinar a otra cosa. Eso dice la ley, y la ley se cumple, hasta que no se demuestre lo contrario”.

-Por cierto, ¿qué gastos se pueden incluir en esas certificaciones?
“Todos los gastos para resolver los temas de Las Chumberas. Por ejemplo, los temas de realojos; o los apuntalamientos para la seguridad. Desde el primer convenio, dado a que no ha habido reposición de obra, todos los gastos, según los técnicos del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) que han visto todas esas certificaciones, están informando correctamente. Están informando que los gastos están imputados a temas, sobre todo, de seguridad, creo que eso es muy importante, y a los realojos”.

-¿Hay certificaciones o facturas anteriores a 2011, año en el que se firmó el primer convenio?
“No, en absoluto”.

-¿Qué papel juega el Icavi en esas certificaciones? ¿El Ministerio se las han pedido?
“Uno de los compromisos que le corresponde al Gobierno de Canarias es supervisar las certificaciones. Una vez supervisados los gastos, se envían al resto de administraciones. Las certificaciones presentadas por el Ayuntamiento son hasta 15 y se está haciendo, por parte de los técnicos, un trabajo enorme”.

-¿Llevará esas certificaciones a la reunión de este viernes?
“Los informes técnicos sí. Me comprometí y voy a llevarlos. La mayoría de las certificaciones desde 2011 hasta ahora están informadas y el viernes llevaremos la parte técnica”.

-¿Considera que la empresa municipal de vivienda, Muvisa, tiene el personal necesario para gestionar este complicado expediente? ¿No debería ser el Ayuntamiento?
“Creo que no. Todos los temas de rehabilitación o de reposición, como Las Chumberas, se hacen a través de entes empresariales públicos. La gestión es tan compleja, se necesita tanta agilidad y es tan variopinta, que requieres de un ente instrumental como Muvisa, 100% municipal, al igual que para el Gobierno es Visocan, para llevar a cabo actuaciones de este calibre. Dentro de los mecanismos de la administración, sería mucho más complejo e, incluso, te diría, que inviable”.

-¿En los informes de los trabajadores sociales del ICV, no se incluyen los ingresos de los beneficiados de esas ayudas? En Las Chumberas no se recogen.
“Las Chumberas es una actuación distinta a las que realizamos en el ICV”.

-Cambiemos a la actuación del Gobierno en las viviendas de Añaza, ¿cuál será el procedimiento para asignar las viviendas de Añaza?
“El Gobierno ha hecho cosas importantes en el ICV, una de ellas, la compra de estas viviendas. Hay una casuística importante. Ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Santa Cruz, en una de las oficinas que hay en la misma promoción, para ir analizando con Inma Évora, caso por caso.

-Sí, pero ¿qué requisitos hay que cumplir?
“La casuística es: personas con contrato de arrendamiento en vigor, que abonan sus rentas, que y que necesitan viviendas a un precio razonable. Después habrá situaciones de familias con contratos en vigor, que han dejado de pagar las rentas. Tendremos que sentarnos con ellos para conocer la causa e intentaremos reconducir la situación y se la darán facilidades para que se pongan al día. Habrán situaciones de ocupaciones ilegales, que también habrá que analizar y hay también viviendas vacías”.

-¿Podrían optar a las viviendas de Añaza otras familias necesitas de otros lugares de Canarias?
“Se hay viviendas vacantes y están en un situación de emergencia habitacional, evidentemente que sí. Hay que aclarar que estas viviendas son de Protección Oficial, pero de promoción privada. No son viviendas del parque público”.

-¿Eso qué significa?
“Son aquellas viviendas necesarias en el mercado inmobiliario que son las que están con precios de renta y venta establecidos por ley. El problema del mercado es que se han disparado las rentas. La vivienda protegida ocupa ese espacio de esa demanda. Familias con ingresos que, lo máximo que pueden pagar, son entre 350-400 euros, como mucho. Esas son las viviendas de Añaza”.

-¿En qué consiste el nuevo Plan de Vivienda de Canarias?
“El Plan queremos que esté aprobado antes de que se convoquen las elecciones, es decir, hasta el 30 de marzo. Lo hemos declarado de urgencia para poder llegar a esa fecha. Llevamos muchísimos años sin Plan y considero que la política de vivienda tiene que estar planificada y programada”.

-¿Tiene el respaldo de los agentes económicos y sociales?
“El jueves pasado lo presentamos a la Comisión de Vivienda en la que están todos representados y fue informado por unanimidad. Además, todos los allí representados, ayuntamientos, cabildos, agentes económicos y sociales, se congratularon por este Plan”.

-Explique un poco sus objetivos.
“El documento plantea 14 programas donde se definen las políticas de vivienda: las ayudas al alquiler; programas específicos para jóvenes con ayudas para el alquiler y la compraventa; programas específicos para mayores, en la que hay innovación, por ejemplo, aplicar experiencias piloto para el cohousing; también se incluye el programa Más Viviendas por Familia, que hay que consolidarlo, aunque ya se están paralizando muchísimos desahucios; también incluímos el programa para el incremento del parque público de viviendas, que pasa por que los Ayuntamientos nos cedan suelo”.