El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad la primera ley de España sobre los menores robados a sus familias, una norma limitada en sus efectos por la falta de una ley estatal.
No obstante, según reconocieron los grupos parlamentarios, las víctimas de esta “aberración que nos avergüenza como sociedad” no estarán solas en la búsqueda de sus familias y su identidad, sino al menos acompañados por las instituciones y la ciudadanía de Canarias.
Se calcula que en España al menos 300.000 niños, la mayoría bebés, fueron robados a sus familias biológicas y, según indica la nueva ley canaria, asignados a otras por razones económicas, sociales, políticas o ideológicas y los afectados llevan años buscando conocer la verdad y que se haya justicia y reparación.
La nueva norma canaria, a cuya aprobación asistieron representantes de colectivos sin identidad y de bebés robados, fue promovida por Podemos y su diputado Manuel Marrero ha insistido en que es esencial que en la próxima legislatura haya una ley estatal que llegue a donde las competencias autonómicas no alcanzan, como la materia penal o el acceso a archivos privados, sobre todo de la Iglesia.
La ley implica a todas las administraciones canarias en la búsqueda de la verdad, en la aplicación de la acción de la justicia, en la reparación de los daños y perjuicios y en el establecimiento de garantías para que no se repitan hechos similares.
Para ello, la administración ayudará a las víctimas y facilitará el acceso a los archivos y registros y mediará en las peticiones de acceso a archivos privados.
Además, se creará una base de datos de víctimas y un banco de ADN común al previsto para la Ley de Memoria Histórica, así como una Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad.
“El resultado no es el mejor de todos, no es una ley óptima” por la falta de competencias, advertida por el Consejo Consultivo de Canarias en su informe preceptivo, que detectó hasta ocho posibles riesgos de inconstitucionalidad, dijo el diputado Manuel Marrero.
Lamentó que por falta de legislación estatal no se pueda garantizar el acceso a los archivos privados, la creación de una fiscalía especial, la reparación de los perjuicios o la dotación de agentes de policía que ayuden a las víctimas en sus investigaciones.
Pero al menos, continuó Marero, esta ley es útil para las víctimas, las asociaciones y los familiares.
“Esta es una deuda que tiene la sociedad canaria y española con estas atrocidades”, señaló Marrero.
La diputada de CC Guadalupe González Taño, se preguntó: “¿Qué clase de sociedad le roba un bebé a su madre y le dice que ha muerto; para luego esconder la verdad y finalmente mirar hacia otro lado mientras las personas buscan a sus familiares y su propia identidad?”.
“Lo que podemos hacer no siempre es el cien por cien, esto necesita de una ley estatal cuanto antes, pero lo que Canarias pueda hacer lo va a hacer”, porque “estas situaciones nos avergüenzan como sociedad”.
La diputada del PSOE Teresa Cruz coincidió en que esta ley no cubre todo lo que pedían las víctimas ni lo que se merecen, “no es la mejor ley, pero ya no será una lucha individual” porque las víctimas tienen a todos los canarios y a todas las canarias a su lado.
El diputado del PP Miguel Jorge Blanco subrayó el deber moral de los poderes públicos con el derecho a la reparación que tienen las víctimas, en un asunto que no tiene que ver con colores políticos ni ideologías, sino con saber la verdad.
Para Luis Campos, de Nueva Canarias, “estos episodios deleznables nunca debe reproducirse” y consideró que si en el Congreso de los Diputados hay “la cuarta parte de la sensibilidad” que hay en el Parlamento de Canarias con este asunto habrá una ley estatal la próxima legislatura.
La diputada de ASG Melodie Mendoza instó a todos los grupos que alcancen representación en las Cortes a promover una ley estatal porque es “incomprensible” que se haya paralizado en esta legislatura.
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