ECONOMÍA

Los empresarios del Sur de Tenerife cargan contra la ley estrella de Clavijo

El CEST alerta de que los ayuntamientos son incapaces de tramitar las propuestas en un plazo razonable y que con la Ley del Suelo, en la práctica, “se están ralentizando los proyectos”

Vista aérea de Playa de Las Américas
Vista aérea de Playa de Las Américas. / DA

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) alertó ayer de los efectos nocivos que, respecto a la dinamización de la economía, está teniendo el proyecto estrella del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no es otro sino la llamada Ley del Suelo. Básicamente, estos empresarios entienden que la normativa, llevada a la práctica, está “ralentizando los proyectos”, dado que los ayuntamientos carecen de los recursos suficientes para responder a las propuestas en un período razonable, y que en la actualidad la burocracia es ahora peor que antes, incluso.

Según el CEST, “se ha puesto de relieve, confirmando lo que los empresarios denunciaron en su momento, que los Ayuntamientos no cuentan con recursos humanos y técnicos suficientes para dar respuesta en un plazo razonable a las propuestas que reciben por parte de emprendedores que pretenden iniciar una actividad empresarial o de empresas ya establecidas en los distintos municipios”. 

En este orden de cosas, empresarios y profesionales recalcan que, “si bien los objetivos y metas que se definen en la Ley del Suelo son los adecuados, en la práctica se ha puesto de manifiesto que las corporaciones municipales no estaban preparadas para llevar a cabo el papel que les atribuye la citada ley, de tal forma que lejos de agilizarse o simplificarse la tramitación de los expedientes se está ralentizando de manera extrema”. A juicio de los empresarios, “se ha puesto de relieve la incapacidad de las administraciones de cara a la creación de los denominados órganos ambientales recogidos por la Ley en el traspaso de competencias, una situación que ha desembocado en que los problemas de lentitud y maraña administrativa no solo no se hayan resuelto, sino que en muchos casos han empeorado, teniendo que firmar cada Administración convenios para informar los proyectos con otras administraciones, cabildos o el Gobierno de Canarias”.

Desde el CEST se denuncia que “la interpretación que está haciéndose de la Ley por parte de muchas administraciones locales es restrictiva y se aleja del espíritu que la inspiró. Muchos ayuntamientos siguen sin contar con la información y la formación necesaria sobre la referida norma, generándose en un sinfín de ocasiones dudas jurídicas que han incrementado los perjuicios a emprendedores y empresas ya establecidas”. 

El Círculo de Empresarios advierte de que “no se han reforzado técnicamente los equipos de técnicos municipales, lo que se ha traducido en un paso atrás en el día a día de las gestiones ante la administración ahora competente”. 

LA INSEGURIDAD JURÍDICA “ESTÁ DEJANDO DE GENERAR MILES DE PUESTOS DE TRABAJO”

El CEST considera igualmente grave “la inseguridad jurídica con la que se ven obligados a trabajar, incertidumbres que a su juicio han tenido ejemplos muy relevantes con la anulación de tres planes generales de ordenación y un plan municipal de modernización como el de Adeje”. 

En esta dirección, además de llamar la atención sobre la antigüedad de algunos planes generales de ordenación, entienden que “de lo ocurrido deben extraerse conclusiones y responsabilidades, dados los incalculables perjuicios que están causándose en momentos especialmente delicados para nuestra economía. Denuncian los empresarios que los retrasos en las tramitaciones y la inseguridad jurídica está generando desinversión,  pérdida de muchas oportunidades, proyectos de reforma de muchos establecimientos y, en consecuencia, que están dejándose de generar miles de puestos de trabajo para obras y actividades ligadas a cada proyecto”.