Por lo visto, tenía fecha de caducidad el “buen rollito”. Fernando Clavijo (CC) accedió a la presidencia del Gobierno de Canarias, el 9 de julio de 2015, presto a enterrar el hacha de la “confrontación” que le había arrebatado a Paulino Rivero. Pero a medida que estrechaba relaciones con Mariano Rajoy crecía el malestar en el Ejecutivo regional por una presunta “deslealtad” del PSOE. La frialdad entre los socios fue calentando la bomba de calor hasta que explotó el 23 de diciembre de 2016 con la expulsión de los cuatro consejeros socialistas: Patricia Hernández (vicepresidenta, Empleo, Políticas Sociales y Vivienda), Aarón Afonso (Presidencia, Justicia e Igualdad), Jesús Morera (Sanidad) y Ornella Chacón (Obras Públicas y Transportes). La paciencia no era infinita y se le agotó. Por Nochebuena detonó la dinamita. Había puesto una vela a Dios y otra al diablo. Era de suponer que una chispa prendiera la mecha.
El 30 de agosto, los portavoces en el Congreso del PP, Rafael Hernando, y Coalición Canaria, Ana Oramas, firmaron un acuerdo para la inmediata investidura de Rajoy y “cualquier otra” en el futuro siempre que se respetara una agenda de 14 puntos: el anclaje de la ultraperificidad en la Constitución, la mejora del Régimen Económico y Fiscal (REF), la reforma del Estatuto de Autonomía, una financiación “justa”, la cogestión de los aeropuertos o el incremento, a escala nacional, de las pensiones no contributivas (360 euros al mes) hasta igualarse con el salario mínimo interprofesional. Hernando calificó de “formidable” el pacto que vinculaba al PP y CC. En julio de 2017, Rajoy y Clavijo constataron en la intimidad la efectividad del diálogo. La voluntad de entendimiento no había desfallecido, después de que el Partido Popular canario descartara entrar en el Gabinete tras una frustrada negociación. Al mes siguiente, Rosa Dávila revalorizó el precio de la estabilidad. La consejera de Hacienda ligó los Presupuestos Generales del Estado (2017-18) a los autonómicos (2018-19). Se cumplió el designio: lo comido por lo servido. La entrada de Pedro Sánchez (PSOE) en la Moncloa, el 2 de junio de 2018, por la vía de una moción de censura en la que Oramas maquilló el no inicial por una abstención, fue saludada con un festival de pirotecnia. A Clavijo le estallaron unos cuantos voladores en las manos. De ahí, la tremenda polvareda.
En octubre, el mandatario se alborotó porque no despachó con él “15 o 20 minutos” a propósito del repunte de la inmigración irregular. Lamentó que de la primera visita oficial de Sánchez se enteró por los medios de comunicación: “Esta actitud denota cierto desprecio hacia los canarios”. En Lanzarote, durante el homenaje a José Saramago a los veinte años del Premio Nobel de Literatura, Pedro Sánchez y su homólogo de Portugal, Antonio Costa, emularon en la sede de la Fundación César Manrique la pose de Felipe González y el alemán Helmut Kohl en 1991. Clavijo anduvo cabizbajo sobre tierra de fuego. El enfado se le quitó de un brinco. El día 25 salió con “buenas sensaciones” de su entrevista en Madrid. Tras el mosqueo, pregonó el “desbloqueo” de la agenda canaria y “el impulso a los asuntos de mayor interés de desarrollo en ámbitos como la inversión en carreteras, el gasto en infraestructuras educativas e hidráulicas. Agradeció el tono de la conversación y la “cordial recepción”.
El 22 de diciembre, el vicepresidente canario, Pablo Rodríguez, rubricó junto al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ante el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un convenio de carreteras, dotado de 1.200 millones para ocho años, con una “carga política no exenta de litigiosidad”. Las autoridades autonómicas no renunciaron a los 300 millones de euros que reclamaban por las partidas no abonadas y fueron camino de los tribunales.
El carrusel de agravios se detuvo en la XXIII Conferencia de Presidentes de las RUP, en noviembre, cuando Fernando Clavijo cedió el testigo a Daniel Gibbs (San Martín). La regia presencia de Felipe VI les pareció insuficiente: “No asistió nadie del Estado”. Bueno, sí. Fernando Clavijo es su máximo representante ordinario. En enero, Clavijo denunció en el Parlamento “engaños y atropellos” en relación a los Presupuestos de 2018 (“no se han liquidado 327 millones”) y al proyecto de 2019, que tachó de “francamente” malo para Canarias: “La inversión por habitante se sitúa por debajo de la media española, lo cual impedirá acercarse el resto del país en parámetros como la pobreza y los salarios”. La oposición lo acusó de victimismo, “pasión por el conflicto” y demagogia irresponsable. “No queremos ser un elemento de hostilidad”, se justificó.
El 13 de febrero, el pleno del Congreso devolvió el cabestro al corral al triunfar las seis enmiendas a la totalidad (PP, Ciudadanos, CC, Foro Asturias, ERC y PDeCAT); la segunda vez desde la Constitución de 1978 que se rechazaban unos Presupuestos. En 1995, Felipe González (PSOE) adelantó las elecciones. Maniatado sobre un alambre en un delicado equilibrio, a Pedro Sánchez no le quedó otra opción. En el calendario marcó el 28 de abril. El último Consejo de Ministros de la legislatura aprobó el Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), de 42 millones, dentro de un paquete de subvenciones por un importe de 54,4 millones. En tanto Clavijo regaba el jardín de bonsáis y Sánchez mareaba la perdiz, el dinero iba llegando a cuentavotos para CC. Ana Oramas y Guadalupe González Taño recogieron los frutos del terreno abonado.
El 2 de mayo, la Administración regional activó sin permiso los mecanismos para gastar en bonos sociales 176 millones del superávit. La hucha era para esto.
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