El caso Reparos, al que no pocos expertos consideran como una suerte de caso Grúas, pero multiplicado por cincuenta, podría reactivarse tras la solicitud ayer del concejal electo Santiago Pérez (Avante La Laguna) para que la Fiscalía Anticorrupción investigue este modus operandi en la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados, y que el propio interventor municipal considera no ajustada a la legislación vigente.
El escrito de Santiago Pérez ante Anticorrupción (que ya se ha personado en el caso Grúas) se produce tras cerca de año y medio de presentada esta denuncia ante los juzgados laguneros, sin que el asignado (de Instrucción Número 4) haya dispuesto más trámite que una solicitud de documentación realizada al poco de tener noticia de lo que sucedía, allá en enero del año pasado.
Básicamente, el caso Reparos versa sobre un modus operandi detectado en la Alcaldía lagunera a la hora de realizar ciertas contrataciones, dado que se autoriza a determinadas empresas a continuar gestionando servicios públicos a pesar de haberse extinguido los contratos en virtud de los cuales se les había adjudicado dicha gestión durante un tiempo determinado. La excusa del Ayuntamiento siempre es la misma: que se hace por urgencia, dado que se terminan los plazos previstos en el propio contrato. Es decir, se alega una emergencia que, en realidad, solo existe porque el Ayuntamiento ha dejado vencer los plazos para poder alegarla. El hecho de que los beneficiarios siempre sean los mismos no deja de arrojar aún más sombras sobre este tipo de prácticas.
Como recordaba el propio Pérez en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción provincial, “en el momento de presentar la denuncia, y en relación al período marzo 2015-febrero 2017, se habían dictado 48 decretos, levantando otros tantos reparos de la Intervención General, que ha venido advirtiendo sin excepción la ilegalidad de dichas autorizaciones. Dada la gravedad jurídica y la cuantía económica de los hechos denunciados, en ejercicio del derecho de información de los miembros de las entidades locales recabé documentación relativa a los años 2013 y 2014, pudiendo constatar que la práctica denunciada había sido también constante durante dichos ejercicios, de forma que -entre 2013 y 2017- se dictaron 123 decretos levantando los reparos de Intervención General y autorizando -a determinadas y siempre las mismas empresas- a seguir gestionando sin título jurídico alguno los más importantes servicios municipales externalizados. El volumen de dinero público comprometido al margen de la ley, ascendía ya a 47,42 millones de euros”.
En cuanto a esos 123 decretos, fueron dictados por los alcaldes Fernando Clavijo (hoy presidente de Canarias en funciones), 47, y José Alberto Díaz, 17 (actual alcalde en funciones). Se da la circunstancia de que tanto Clavijo como Díaz son de Coalición Canaria y ambos ya están imputados por el llamado caso Grúas, donde también levantaron reparos interpuestos desde la Intervención para conceder un préstamo de 120.000 euros y (aquí también) prorrogar la concesión de las grúas municipales otros cinco años, a pesar de que los entonces propietarios (un grupo en el que había personas relacionadas con el propio Clavijo) habían llevado a cabo tantos incumplimientos graves que el Ayuntamiento estaba obligado a retirar, sin más, la concesión.
Retornando al caso Reparos, y tras ampliar Pérez en junio del año pasado la primera denuncia, detalla este concejal que “la práctica denunciada ha tenido plena continuidad durante 2017 y 2018, beneficiando generalmente a las mismas empresas, muchas de las cuales han gestionado durante varios años importantes servicios municipales una vez extinguidos sus contratos, dando lugar a nuevas ampliaciones de la denuncia inicial, presentadas el 4 de febrero y el 7 de mayo de 2019”. Es decir, que ya son tres ampliaciaciones de la denuncia inicial.
Para Pérez, “los hechos denunciados, al margen de su gravedad jurídica y su elevadísima repercusión económica sobre la hacienda municipal, no revisten especial dificultad para su comprobación, ni para la identificación de sus autores, ni para su examen jurídico. De hecho, hemos aportado al juzgado al presentar los sucesivos escritos una exhaustiva documentación acreditativa de los decretos denunciados, así como de los informes de Intervención General, formulando en todos los expedientes idénticas advertencias de ilegalidad: infracción de disposiciones esenciales de la legislación de contratos del sector público y falta de justificación de los precios que se continuaban pagando a las empresas por la gestión de los servicios municipales una vez vencidos los contratos. De forma que el daño económico que puede estarse ocasionando a la Hacienda municipal por la falta de justificación de los precios que se abonan a las referidas empresas, una vez extinguidos sus contratos, asciende a una elevadísima cuantía”.
Sin embargo, concluye Pérez, “al día de hoy no se ha procedido por el Juzgado ni a citar al titular de la Intervención General lagunera, Gerardo Armas Davara”, autor de los innumerables informes formulando reparos frente a las prácticas denunciadas.
Los 150 millones de Urbaser “se llevan la palma”, según Pérez
El llamado caso Reparos ganó bastante volumen cuando el concejal electo Santiago Pérez (Avante La Laguna) sumó a las anteriores denuncias que había presentado el expediente relacionado con la autorización de la continuidad del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a la empresa Urbaser. Para Pérez, esta renovación (y los 150 millones de euros que ha costado) “se lleva la palma”. De nuevo, siempre según el relato del denunciante, se trata del mismo modus operandi. Urbaser gestiona un servicio público prioritario: la recogida de residuos y la limpieza viaria. Son dos servicios distintos, pero indisolublemente relacionados, que le fueron adjudicados en un concurso público en el año 2008, por un período de ocho años que admitía otros dos de prórroga legal. “Así ocurrió. Pero ese contrato con sus prórrogas legales terminó el 30 de octubre de 2018. Y la Alcaldía y la Junta de Gobierno han autorizado a Urbaser a continuar gestionando ese servicio hasta el mes de abril de 2019 o hasta que se adjudique y entre el vigor un nuevo contrato. Y un importe de 150 millones de euros, lo que significa que cada mes que Urbaser continúa gestionando ese servicio, sin título, factura al Ayuntamiento de La Laguna 1,36 millones de euros”, explicó Pérez.
Para el concejal lagunero, con el caso de Urbaser “se ha rizado el rizo, porque resulta que, según el contrato y el pliego de condiciones, en el momento de terminar el contrato, toda la flota de Urbaser pasaba a ser de propiedad municipal, de forma que el 30 de octubre de 2018 toda esa flota, que son furgones de alta presión, barredoras, cisternas, baldeadoras, palas cargadoras… es del Ayuntamiento”. Es decir, que “desde el 1 de noviembre Urbaser está prestando ese servicio con sus trabajadores, pero con una flota del Ayuntamiento, aunque le sigue cobrando lo mismo”.
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