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‘La Manada’ será nuevamente juzgada: esta vez por los supuestos abusos de Pozoblanco

Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa que se estaba desarrollando en Pamplona
La Manada
'La manada'. El Español
‘La manada’. El Español

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha fijado para los próximos días 18, 19, 20 y 21 de noviembre de este año la vista oral del juicio contra los cuatro miembros del grupo de WhatsApp de ‘La Manada’ acusados de presuntos abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad a los hechos del caso de los Sanfermines de 2016, por el que ya han sido condenados.

De este modo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), está previsto que el juicio comience el día 18 de noviembre con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas en este procedimiento, en su caso, y la declaración de los investigados, mientras que el día 19 comparecerán los testigos, y el día 20 tendrán lugar las periciales, estando previsto, en un principio, que la vista oral concluya el día 21 con la presentación de los informes finales por las partes.

En concreto, la Fiscalía ha pedido para los cuatro acusados penas de tres años de prisión por un delito de abusos sexuales hacia la joven, cuatro años más por otro delito contra la intimidad y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.

El Ministerio Fiscal también solicita para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados, según ha informado la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base al escrito de calificación provisional.

Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa que se estaba desarrollando en Pamplona y en la que estaban implicados los cuatro acusados en este caso y un miembro más del citado grupo.

Así, las pesquisas derivaron en “la localización de la grabación de los abusos sexuales realizados en el interior de un coche a la víctima”, a través de uno de los móviles de los acusados, imágenes que fueron enviadas por A.M.G.E. al archivo del ‘chat’ ‘La Manada’, a las 7,45 horas, integrada por cuatro acusados y tres personas más y también se envía el video al ‘chat’ denominado ‘El Peligro’ a las 7,52 horas, formado por uno de los acusados, J.A.P.M., y 20 personas más.

Además de las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía, también pide para los cuatro acusados la prohibición de comunicar o aproximarse a la víctima en cualquier lugar donde se encuentre o frecuente o en su domicilio a una distancia inferior a cien metros durante ocho años para el delito de abuso sexual y otros nueve años más por el delito contra la intimidad al ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales sin su consentimiento cuando la divulgación menoscaba gravemente la intimidad personal de esa persona.

En concreto, los acusados A.J.C.E., J.E.D., J.A.P.M. y A.M.G.E. acudieron la noche del 1 de mayo a la feria de la localidad cordobesa de Torrecampo y coincidieron en una de las casetas discoteca con la joven que se había desplazado también desde Pozoblanco al municipio en compañía de otros amigos.

El escrito del fiscal relata que en el transcurso de la noche todos consumieron diversas bebidas alcohólicas y la joven llegó a tomar alguna consumición con el acusado A.J.C.E. Al cierre de la caseta, sobre las 7,15 horas, encontrándose todos en la puerta, A.J.C.E. se ofreció a llevar a la joven a su domicilio de Pozoblanco, en el vehículo en que habían llegado los cuatro acusados.

“PROFUNDA INCONSCIENCIA”

El coche lo conducía A.M.G.E. y J.A.P.M. ocupaba el asiento del coopiloto, los otros dos acusados los asientos traseros y la chica se situó en el centro entre ellos. “Debido, probablemente a la cantidad de alcohol ingerida –señala el escrito– sin que haya podido determinarse, si además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo, alguna otra sustancia estupefaciente, la chica cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto del vehículo”.

En el interior del coche, según se visualiza en el vídeo que realiza J.A.P.M., con el concierto previo de todos ellos, “aprovechan que la joven se hallaba privada de sentido, todos los acusados, con ánimo libidinosos, comenzaron a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual, incluido el conductor”.

Al llegar a Pozoblanco, tres de los acusados bajaron del vehículo y se incorporó como conductor A.J.C.E., quien continuó la marcha con la chica unas calles más y cuando ésta se despertó le pidió que le realizara una felación, a lo que ésta se negó, según detalla el Ministerio Público. En este momento, el acusado A.J.C.E. “con intención de menoscabar su integridad física”, según la calificación, la golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche mientras le gritaba “puta”.

Tras ello, la víctima tuvo conocimiento de estos videos cuatro meses después, cuando se hicieron públicos, y como consecuencia tanto de los hechos como de la exposición mediática y social que derivó del tratamiento y divulgación que hicieron medios de comunicación y redes sociales, la perjudicada sufrió estrés traumático y necesitó 90 días para su recuperación.

Mientras tanto, la defensa ha pedido la absolución, después de presentar impugnación para que la citada grabación no pueda ser tomada como prueba, al entender que se obtuvo “de manera ilícita”, porque la Policía Foral de Navarra habría actuado “de forma prospectiva”, en el sentido en que “buscó la denuncia” contra los cuatro integrantes de ‘La Manada’ meses después de los hechos, a lo que añade que “la Fiscalía no utiliza el relato por el que denuncia la joven”. Si se admite el vídeo, tendrá otro planteamiento.

El procedimiento que ha llevado al enjuiciamiento de los investigados en este caso llega después de que en junio de 2018 el mismo juzgado pozoalbense impusiera a los cuatro investigados la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la denunciante y de comunicarse por cualquier medio con ella.

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