El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer retener, de los Presupuestos regionales de este ejercicio, créditos por valor de 30 millones de euros con el fin de paliar “los desequilibrios de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo”, sustentado por Coalición Canaria (CC), y poder así cumplir con la regla de gasto y el objetivo de déficit.
El vicepresidente y consejero regional de Hacienda, Román Rodríguez, recordó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que en su sesión anterior aprobó, con los mismos fines, una retención inicial de crédito por valor de 140 millones. Estos 140 millones, sumados a los 30 que ayer se acordaron retener de las cuentas de 2019, suponen un total de 170 millones de euros.
Rodríguez recalcó que los Presupuestos regionales para el presente ejercicio presentan un “déficit excesivo” en el capítulo de ingresos, que cifró en 482 millones de euros, mientras que en el de gastos figuran 193 millones de euros más de lo que permite la vigente regla de gasto.
Frente al déficit permitido, del 0,1% del PIB, Canarias registra el 0,64%, mientras que el gasto permitido es del 2,70% del PIB, si bien la comunidad autónoma se ha desviado hasta el 5,66%, según precisó Román Rodríguez.
Asimismo, el consejero de Hacienda aclaró que los 30 millones de euros de esta segunda remesa de retenciones de crédito “se empezarán a negociar a partir de este mismo viernes con todos los departamentos” del Ejecutivo regional, “a excepción de los de Sanidad, Servicios Sociales y Educación”, y añadió que “saldrán de los capítulos 4, 6 y 7” de esas consejerías. Rodríguez explicó que las decisiones tomadas responden a la obligación que tiene el Gobierno canario, que ha sido ya apercibido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de “reconducir estas cuentas”.
Por ello, el Consejo adoptó ayer varias medidas que, según recalcó Rodríguez, no suponen “recortes” presupuestarios, sino “retenciones de crédito para colocarlo en los capítulos que están desviados”. La primera de estas medidas ha sido la de establecer ahorros de 70 y de 10 millones de euros, respectivamente, en el gasto público, que se destina al pago de los salarios del personal de Sanidad y Educación.
Exigencias
Para corregir los desfases detectados en el capítulo de ingresos, el Gobierno canario ha acordado instar al Ejecutivo español a que transfiera 223 millones de euros de las cantidades a cuentas relacionadas con el sistema de financiación autonómica. Con el fin de “aliviar los problemas de ingresos”, también se ha decidido conseguir, vía certificaciones, 151,3 millones de euros procedentes de fondos europeos, y otros 49 del Fondo de Compensación Interterritorial.
Además, el Gobierno de Canarias exigirá al Estado 41,6 millones de euros de certificaciones relativas a la adenda del convenio de carreteras 2006-2017 y que los ministerios de Fomento y Hacienda liquiden a las Islas este año “un mínimo de 144 millones de euros” de los 500 que, según la Justicia, le corresponden en concepto de superávit, sin que esa cuantía “compute como gasto”.
Román Rodríguez advirtió de que “si no hay respuestas debidas” a estas exigencias, el Gobierno de Canarias, que sustentan el Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias (NC), Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se verá obligado a seguir reteniendo crédito para evitar que otros tomen medidas, obligando a la comunidad a cumplir un plan económico-financiero. El vicepresidente regional aseguró que las decisiones “demagógicas” que adoptó el Gobierno anterior, sustentado por Coalición Canaria, en campaña electoral, como la rebaja de impuestos o la reducción de la jornada de los empleados públicos de Sanidad y Educación, “comprometen ahora la estabilidad presupuestaria” de la región.
SANIDAD
De igual modo, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el importe máximo que destinará el Servicio Canario de la Salud (SCS), que será de 32 millones de euros, para comprar material quirúrgico de Cardiología, así como para adquirir medicamentos genéricos destinados a uso hospitalario.
En concreto, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al gasto que emprenderá el SCS en la compra de marcapasos, desfibriladores implantables, electrodos y holter implantables. El Ejecutivo regional informó de que el importe máximo destinado a la partida de estos materiales asciende a casi 12,5 millones de euros.
Por otro lado, y con una cuantía que supera los 19 millones de euros (19,3 millones), se autorizó la compra de medicamentos genéricos de uso hospitalario por parte del SCS.
Tras esta primera fase contable, en la que se ha dado el visto bueno al importe máximo de inversión, ahora se procederá a confeccionar los expedientes correspondientes para la adjudicación de los contratos durante los próximos meses.
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