El Observatorio contra la LGTBIfobia de la asociación Algarabía ha recogido nueve casos de delitos de odio contra personas LGTBI durante este año en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una cifra “alarmante” que, según la asociación, requiere del compromiso de las administraciones para impulsar políticas que garanticen su erradicación.
El gerente de la asociación Algarabía, Charlie Marrero, ha lamentado este miércoles durante la presentación de la campaña de coordinación ante los delitos de odio que Canarias sea la sexta comunidad autónoma con mayor índice de casos de delitos de odio, según datos correspondientes a 2017 de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
La campaña operará en todo el archipiélago y pretende fomentar entre la ciudadanía la denuncia de estos sucesos para, entre otros objetivos, recabar datos “reales” en torno a delitos de esta índole en Canarias y así poder trazar junto a las instituciones públicas “estrategias transversales” que erradiquen cualquier signo de delito de odio.
Las personas LGTBI padecen delitos de odio en la calle, en el día a día e incluso en el ámbito laboral, sucesos que necesitan, según Marrero, de un compromiso claro de las instituciones públicas para establecer “sinergias” con el resto de asociaciones y para responder a las demandas de “asilo y refugio”.
“No todos estos delitos han sido denunciados por miedo, por la legitimación de la violencia hacia el colectivo y por la creencia de que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado no cumplen con su labor. Eso es un trabajo que intentamos hacer desde el propio colectivo con esta estrategia de coordinación que hemos impulsado con esta primera reunión general”, ha puntualizado Marrero.
De hecho, según la Agencia de Derechos Humanos, citada por la asociación, el 90 por ciento de las víctimas de delitos de odio no denuncia.
Algarabía ha convocado a esta reunión al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, a todos los ayuntamientos de la isla y a representantes de las fuerzas y los cuerpos de seguridad de Estado para tratar las principales carencias estructurales en torno a este problema.
Ha denunciado carencias como el desconocimiento de la ciudadanía sobre cómo denunciar las agresiones, la ausencia de mecanismos adecuados de las administraciones para abordar y prevenir estos delitos y la descoordinación de los cuerpos de seguridad.
No obstante, la asociación ha conseguido el compromiso de la Policía Nacional para continuar con las reuniones de coordinación y de algunos ayuntamientos para instalar “puntos arcoíris” e impulsar planes de desarrollo comunitario que recaben datos “incluso en el ámbito escolar”.
“La Orotava se ha comprometido a instalar un nodo de atención en la zona norte y esperamos que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias puedan cumplir la necesidad de tener un piso para personas LGTBI dentro de Canarias y de la provincia. Adeje, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o Santa Úrsula también están abriendo líneas LGTBI”, ha subrayado Marrero.
La FELGTB también establece que el 56 por ciento de este tipo de violencia se tipifica como acoso e intimidación y un 12 % como agresiones físicas, y además, según Algarabía, el 38 por ciento de las agresiones al colectivo LGTBI en Canarias corresponden a casos de transfobia y un 32 % las padecen varones homosexuales.
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