El actual alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria (CC) en la isla de Tenerife, Francisco Linares, será finalmente juzgado por el llamado caso Grúas de La Orotava, tal y como se desprende de un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de La Orotava, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y que tiene por fecha el pasado 15 de noviembre. Junto a Linares siguen imputados (ahora investigados) por esta causa su predecesor en el cargo, el histórico dirigente villero Isaac Valencia, así como otros dos concejales orotavenses en activo, María Belén González Rodríguez y Narciso Antonio Pérez Hernández, que hoy en día son los responsables de las áreas de Bienestar Social y Ordenación y Planificación del Territorio, respectivamente. Los otro cuatro políticos que serán igualmente juzgados por esta causa son exediles de Coalición Canaria en La Orotava: Juan Dóniz Dóniz, María Juana Santos González, Domingo José Acosta Luis y José Luis Hernández Díaz. Por contra, se ha archivado la causa por lo que respecta a otras cuatro personas, también antiguos ediles de CC, como son María Dolores García Pérez, Vicente Pacheco Pérez, Olivia Fariña Pérez y Manuel Ángel Martín González.
En concreto, los motivos que impulsan este procedimiento judicial, por el que ya declararon en su día los ocho que siguen encausados y los cuatro ahora liberados de toda responsabilidad, es que votaron a favor de la contratación de una empresa para que llevara a cabo el servicio de grúas en La Orotava el 28 de diciembre de 2010. La clave radica en que se hizo a dedo, es decir, mediante un procedimiento de contratación directa sin publicidad, cuando la legislación vigente (Ley de Contratos del Servicio Público), dicta que las adjudicaciones superiores a los 18.000 euros (como es el caso) tienen que hacerse con libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia.
Estas presuntas ilegalidades fueron advertidas en su momento tanto por parte del interventor, como del secretario del Ayuntamiento, “expresamente, en repetidas ocasiones, tanto de palabra, como por escrito”, según refleja el documento judicial.
Hay que tener en cuenta que el auto que nos ocupa es para la transformación en el procedimiento abreviado. O, lo que es lo mismo, ahora son las partes quienes presentarán sus conclusiones provisionales (Fiscalía, las acciones populares impulsadas por Izquierda Unida Canaria y Felipe Campos y los abogados defensores) y así terminará la fase de la instrucción (investigación) para que comience la que corresponde al juicio en sí.
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