Voces del consorcio internacional hacen presión para que el TMT elija La Palma

El hecho de que el Ayuntamiento de Puntagorda concediera licencia de obra este martes al consorcio internacional que promueve el Telescopio de Treinta Metros (TMT por sus siglas en inglés), ha sumido a los países asociados al proyecto en una fuerte disyuntiva. Por una parte, estarían los partidarios de incorporar al orden del día de la reunión que se celebrará este sábado, 23 de noviembre, en Estados Unidos, la adopción de un acuerdo definitivo que descarte la hasta ahora opción preferente, Hawái, optando por Canarias; por otra, también están quienes opinan que se debe seguir insistiendo en la isla bañada por el Pacífico, a pesar de la oposición de la comunidad nativa.

De cualquier modo, este fin de semana será clave para el futuro de una infraestructura que aspira a convertirse en el instrumento de observación terrestre más avanzado y potente de la historia, así como el más grande del hemisferio norte construido hasta la fecha. Según previsiones, tanto los representantes de Japón como los de Canadá, que se han mostrado reticentes con la idea de que el TMT se instale en nuestro Archipiélago, lidiarán con una sólida baza negociadora de sus homólogos en el comité de directores, como es la luz verde de todas las administraciones públicas en España.

Lo cierto es que se augura una dura controversia entre los países miembro del consorcio, mientras en tierras hawaianas, continúan las multitudinarias protestas. Por el momento, de forma oficial, ni el TMT ni el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han querido expresar demasiado optimismo con La Palma, más allá de valorar positivamente que se haya allanado completamente el terreno para la construcción del aparato óptico en la Isla Bonita, contando con todos los permisos necesarios para “comenzar las obras mañana”, como señalaba el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

COSTES DE LAS PROTESTAS

Las autoridades estadounidenses y del estado de Hawái, hicieron balance esta semana de los costes que han supuesto, para las administraciones públicas del país, las continuas protestas realizadas por distintos grupos de la comunidad nativa en contra de la implantación del TMT en el monte de Mauna Kea, considerado un territorio inviolable por su valor cultural y carácter sacro.

Según medios locales, estos perjuicios se cifrarían en algo más de 5 millones de dólares, contabilizando gastos relativos a seguridad en la zona que ha acogido las manifestaciones realizadas por grupos como Kia’i Convoy, colectivo que a principios de mes logró congregar a cerca de 225 vehículos para obstruir las vías de acceso a la montaña sagrada. Concretamente, discurrieron por las carreteras H-1 y H-2, atravesando el área de Wahiawa, hasta la autopista de Joseph P. Leong, según el periódico hawaiano Star Advertiser.